La Policía Nacional ha informado sobre la detención de 25 individuos implicados en un elaborado esquema de fraude contra la Seguridad Social, con un monto defraudado que asciende a más de cuatro millones de euros. Entre los arrestados se encuentran cuatro funcionarios públicos, con uno perteneciente al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tres a la Comunidad de Madrid, además de cuatro empleados de distintas entidades bancarias.
El fraude, que se centraba en la manipulación de más de 400 expedientes de capitalización de prestaciones por desempleo entre los años 2020 y 2024, fue destapado tras una operación policial en Madrid, que también incluyó 16 registros en domicilios y oficinas. Durante estos registros, las autoridades incautaron equipos informáticos, dispositivos móviles, relojes de lujo, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y una considerable cantidad de documentación relevante para la investigación.
Este caso salió a la luz en diciembre de 2022, cuando se detectaron accesos no justificados a expedientes relacionados con la capitalización de prestaciones por desempleo. Esta práctica permite a los desempleados usar el total de su prestación pendiente para cubrir gastos necesarios en la creación de su propia empresa o actividad como autónomos.
La red desmantelada tenía una estructura organizativa compleja, dividida en cinco niveles, desde la dirección y captación de clientes hasta la gestión administrativa de los trámites necesarios para justificar fraudulentamente las solicitudes de ayudas. Los documentos utilizados para estas solicitudes incluían facturas falsas para la compra de vehículos y material informático, supuestamente necesarios para iniciar las actividades empresariales de los solicitantes.
Los empleados públicos involucrados aprovechaban su acceso a las bases de datos del SEPE para monitorizar los expedientes fraudulentos, asegurando el progreso y la aprobación de las prestaciones. A cambio, recibían pagos mensuales que, en algunos casos, podían ascender a 50.000 euros.
Por otro lado, los empleados de las entidades bancarias jugaban un papel crucial en el esquema, facilitando la apertura de cuentas bancarias utilizadas para recibir las prestaciones obtenidas ilícitamente. Controlaban el flujo de dinero asegurándose de que la red recibiera los porcentajes acordados del fraude.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, acusados de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
