Washington D.C., 3 de mayo de 2025 — En una decisión que ha desatado indignación dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, el caso del residente legal Arolfo Antonio Acosta Sosa —deportado sin audiencia previa ni explicación clara— ha puesto en tela de juicio el rumbo de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha ofrecido una justificación oficial, la preocupación entre activistas y líderes políticos es creciente: ¿estamos ante un nuevo capítulo de persecución política y étnica?
Según denunció en sus redes sociales el abogado de inmigración Santiago A. Alpízar, Acosta Sosa, quien posee residencia permanente en EE.UU. desde 2011, fue interceptado en un punto de control migratorio en La Rosita, Texas, mientras transportaba mercancías legalmente hacia Florida. A pesar de contar con todos los documentos que acreditaban su estatus migratorio, fue detenido y deportado inmediatamente a México, sin derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.
«¿Error administrativo o acción deliberada?», se pregunta Alpízar, visiblemente consternado. A su juicio, este caso no es un simple descuido burocrático. En un contexto donde la administración Trump ha recrudecido su retórica y sus acciones contra migrantes, muchos observan esta expulsión como una señal alarmante de que incluso los residentes legales —y en este caso, cubanos— están en la mira.
Trump y los cubanos: del respaldo al rechazo
Aunque el expresidente y actual mandatario ha sido históricamente respaldado por amplios sectores del exilio cubano, particularmente en Florida, este episodio marca una nueva etapa de desafección. Hasta hace apenas un año, tres de cada cuatro cubanoamericanos registrados para votar apoyaban al Partido Republicano. Hoy, las cifras se han invertido drásticamente: tres de cada cuatro votantes cubanos ya no respaldan a Trump.
El giro no es accidental. Bajo su nuevo mandato, Trump no solo ha mantenido una política de mano dura hacia los inmigrantes irregulares, sino que ha extendido el alcance de las deportaciones a residentes legales, sin distinguir casos ni contextos. Algunos congresistas republicanos —especialmente en distritos con alta presencia cubana— ya comienzan a expresar preocupación por el impacto político de esta línea dura. Entre ellos, legisladores del sur de Florida observan con inquietud la caída libre de su popularidad, justo en una región que durante años fue considerada un bastión inexpugnable del voto republicano.
«Los republicanos necesitan a la comunidad cubana más que nunca», señalan expertos en comportamiento electoral. “Es la única comunidad latina que históricamente ha votado mayoritariamente por ellos. Si la pierden, pierden Florida”.
¿Qué sigue?
La deportación de Acosta Sosa plantea interrogantes más amplios sobre el alcance de la política migratoria actual. Si los residentes legales no están a salvo, ¿están en riesgo también los ciudadanos naturalizados? ¿Podría una medida similar, bajo un pretexto legal ambiguo, dirigirse incluso a ciudadanos estadounidenses de origen cubano?
Aunque se espera que los tribunales corrijan lo que muchos consideran una injusticia flagrante, el proceso legal será lento, costoso y desgastante para Acosta Sosa y su familia. En paralelo, crece la presión sobre figuras como la secretaria del DHS, Kristi Noem, y el senador Marco Rubio —quien ha sido criticado por su silencio ante este caso— para que intervengan con firmeza y transparencia.
Mientras tanto, Acosta Sosa permanece en México, lejos de su hogar y su familia, tratando de iniciar desde allí un proceso legal para recuperar su estatus y regresar a Estados Unidos. Su caso, ya símbolo de una política que muchos consideran cruel e insostenible, podría ser apenas el primero de muchos si no se produce un giro urgente en la estrategia migratoria de la actual administración.
En un país fundado por inmigrantes, donde las comunidades del exilio han contribuido al tejido económico, cultural y político, el caso de Acosta Sosa marca una línea roja. Y obliga a preguntarse: si hoy se puede deportar sin aviso a un residente legal cubano, ¿quién será el siguiente?
