Cubano de Tampa se declara culpable de participar en una red que facilitó la entrada irregular de miles de cubanos a Estados Unidos

Un ciudadano cubano residente en Tampa, Florida, se declaró culpable ante la justicia federal estadounidense por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de inmigrantes, una estructura que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), promovió y facilitó la entrada irregular al país de miles de ciudadanos cubanos.

Yuniel Lima-Santos, de 31 años, admitió el 13 de agosto su responsabilidad en nueve cargos federales: uno de conspiración para tráfico de inmigrantes con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de inmigrantes con fines de lucro, uno de conspiración para defraudar a Estados Unidos y dos relacionados con conspiraciones de lavado de dinero. Lima-Santos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada posteriormente por un juez federal. (Departamento de Justicia)

Según documentos judiciales divulgados por el DOJ, Lima-Santos formaba parte de una organización que captaba clientes mediante diferentes plataformas de redes sociales y ofrecía mecanismos fraudulentos para introducir personas en Estados Unidos o conseguirles posteriormente un estatus migratorio.

Uno de los métodos utilizados consistía en presentar solicitudes fraudulentas al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA). Los fiscales sostienen que la organización ayudaba a ciudadanos cubanos a realizar falsas declaraciones de ciudadanía europea para intentar utilizar el programa de exención de visa.

Las autoridades aseguran que fueron presentadas cientos de solicitudes ESTA fraudulentas, en las que se utilizaron direcciones falsas y documentos fabricados. También se declaraba falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que algunos se encontraban físicamente en la Isla cuando fueron presentadas las solicitudes. (Departamento de Justicia)

La investigación atribuye a Lima-Santos un papel directo en el traslado de personas mediante la compra de vuelos nacionales e internacionales. Entre 2021 y 2024, habría enviado desde Estados Unidos más de 600.000 dólares al extranjero para adquirir boletos de avión utilizados en estas operaciones.

Los servicios ofrecidos por la organización tenían precios que oscilaban entre 1.500 y 40.000 dólares por persona, según el Departamento de Justicia. En determinadas operaciones, los involucrados llegaron incluso a contratar aviones privados para transportar grupos de migrantes. (Departamento de Justicia)

El DOJ reveló además uno de los elementos más graves del expediente: Lima-Santos reconoció haber colaborado con el coacusado Frandy Aragon Diaz en la introducción irregular de mujeres cubanas en Estados Unidos que posteriormente trabajaron en clubes de striptease para pagar las deudas contraídas por su traslado.

Los fiscales sostienen igualmente que Lima-Santos creó en Florida una empresa fachada sin empleados, nómina ni ingresos declarados, utilizada para mover fondos procedentes de las operaciones y ocultar su verdadero origen.

La investigación es considerablemente más amplia. Doce personas fueron acusadas en una imputación sustitutiva relacionada con la trama y varios de los procesados ya se han declarado culpables. Uno de ellos, Erik Ventura-Castro, fue sentenciado en julio a 30 meses de prisión, mientras otros acusados permanecen a la espera de juicio o sentencia. (Departamento de Justicia)

El caso fue investigado principalmente por HSI Tampa, la Patrulla Fronteriza del Sector Miami y la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, con apoyo de otras dependencias estadounidenses y autoridades de Islas Caimán. La investigación forma parte de los esfuerzos de la Joint Task Force Alpha, iniciativa federal dirigida contra organizaciones de tráfico y trata de personas.

La audiencia para dictar sentencia contra Lima-Santos todavía no tiene fecha anunciada. El juez deberá determinar la condena después de considerar las directrices federales de sentencia y los demás factores establecidos por la legislación estadounidense.

Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, 13 de agosto de 2026.

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