En Cuba, la frase “las cosas del Orinoco” se ha convertido en un eufemismo popular para describir lo absurdo, lo ilógico, lo que desafía toda comprensión. Como el río que serpentea sin rumbo claro, las decisiones del gobierno cubano a menudo parecen seguir un curso impredecible, dejando a la población atrapada en un remolino de confusión y frustración. Un ejemplo reciente de estas “cosas del Orinoco” es la decisión del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), liderado por la ministra Betsy Díaz Velázquez, de imponer un plazo hasta el 8 de mayo de 2025 para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias dejaran de realizar ventas al por mayor, una medida que ha generado indignación entre los empresarios privados y que pone en evidencia, una vez más, la incapacidad del Estado para gestionar la economía y satisfacer las necesidades de su pueblo.
El ultimátum a las mipymes: un golpe al sector privado
El 5 de diciembre de 2024, el MINCIN publicó la Resolución 56 en la Gaceta Oficial, que revocaba automáticamente las licencias de comercio mayorista para mipymes y cooperativas que tuvieran esta actividad como secundaria. La medida, que entró en vigor de inmediato, dio un plazo de 120 días hábiles para que estas empresas liquidaran sus inventarios y mercancías en tránsito, un período que culminaba el 8 de mayo de 2025. Sin embargo, ante la presión de los empresarios y el evidente caos que la medida generó, el gobierno dio marcha atrás parcialmente, anunciando el 7 de mayo una prórroga “sine die” para las mipymes autorizadas a realizar comercio mayorista como actividad principal o secundaria. Esta extensión, sin embargo, no incluye a los trabajadores por cuenta propia, quienes deben cumplir con los plazos originales de la Resolución 56/2024, lo que ha generado aún más críticas.
La reacción de los dueños de mipymes no se hizo esperar. En foros digitales y redes sociales como Twitter/X, muchos expresaron su frustración por tener mercancías en camino que no podrán vender al por mayor, enfrentándose a pérdidas económicas significativas. “¿Qué hacemos con los contenedores que ya están en el mar? ¿Quién paga por esto?”, escribió un usuario en un grupo de empresarios cubanos en Telegram. Otros señalaron la falta de claridad en la normativa y la imposibilidad de planificar en un entorno donde las reglas cambian de la noche a la mañana. La prórroga, aunque bienvenida, no resuelve el problema de fondo: la desconfianza en un sistema que parece decidido a asfixiar al sector privado.
En 2023, las mipymes importaron bienes por valor de 1.3 mil millones de dólares, según datos oficiales citados por Reuters, cubriendo un vacío que el Estado no ha podido llenar. Tiendas privadas como las de El Vedado en La Habana ofrecen productos que escasean en los mercados estatales: aceite, salsa de tomate, cocoa, champú. Sin embargo, en lugar de apoyar a estas empresas que han aliviado las carencias de la población, el gobierno opta por restringirlas. El primer ministro Manuel Marrero justificó la medida como una “reorganización” para corregir “desviaciones” en las mipymes, alegando que algunas se dedicaban a importar y vender masivamente en lugar de cumplir con sus objetivos sociales aprobados. Pero, ¿no es precisamente esa capacidad de importar y distribuir lo que ha permitido a los cubanos acceder a bienes esenciales? La lógica del gobierno, una vez más, parece perdida en las aguas turbias del Orinoco.
El Estado sin capacidad para suplir la demanda
La decisión de limitar el comercio mayorista de las mipymes es solo un capítulo más en una serie de políticas que reflejan la incapacidad del Estado cubano para responder a la demanda de su población. En los últimos dos años, Cuba ha enfrentado una crisis económica sin precedentes, con una inflación del 30%, una contracción del PIB de entre 1% y 2% en 2023, según el ministro de Economía Alejandro Gil, y una emigración masiva que ha visto partir al 10% de la población entre 2022 y 2023. En este contexto, las mipymes han sido un salvavidas, no solo para los consumidores, sino también para los 300,000 empleados que trabajan en estas empresas y los 600,000 trabajadores por cuenta propia que dependen de ellas.
El Estado, en cambio, no ha logrado garantizar ni siquiera los 30 libras per cápita mensuales de productos agrícolas prometidos, según declaraciones del ministro de Agricultura en 2020 citadas por Reuters. Los mercados estatales están desabastecidos, las colas son interminables y los apagones intermitentes agravan la situación. En lugar de aprovechar la agilidad del sector privado, el gobierno insiste en recuperar un monopolio que no puede sostener. Como señaló Ric Herrero, director del Cuba Study Group, en el Miami Herald, estas restricciones “representan un paso atrás para la economía cubana”. La pregunta que resuena entre los cubanos es clara: si el Estado no puede proveer, ¿por qué obstaculiza a quienes sí lo hacen?
Regulaciones absurdas: un catálogo de lo inexplicable
En los últimos dos años, Cuba ha implementado una serie de regulaciones que desafían la lógica y agravan la crisis. Aquí algunos ejemplos destacados:
- Restricciones bancarias para mipymes (2024): En julio de 2024, el gobierno anunció que las mipymes debían realizar todas sus transacciones a través de cuentas bancarias en pesos cubanos, según el Miami Herald. Esto dificulta los pagos a proveedores extranjeros, ya que los bancos cubanos no tienen dólares disponibles y prohíben transferencias internacionales. Los empresarios, que a menudo recurren al mercado negro para obtener divisas, se ven atrapados en un sistema que los empuja a la ilegalidad.
- Prohibición de actividades múltiples/por menor múltiples (2018): Desde 2018, los trabajadores por cuenta propia solo pueden dedicarse a una actividad económica, según DW. Un emprendedor no puede, por ejemplo, tener una cafetería y al mismo tiempo ofrecer servicios de manicura o lavado de autos. Esta restricción, justificada como una medida para evitar la “concentración de riqueza”, limita la creatividad y la capacidad de los cubanos para generar ingresos.
- Impuestos y burocracia excesiva (2024): Las nuevas leyes de septiembre de 2024, reportadas por Reuters, incrementaron los impuestos, endurecieron los requisitos contables y aumentaron la supervisión del sector privado. Estas medidas, que incluyen la obligación de trabajar con empresas estatales para importaciones, encarecen los costos y reducen la competitividad de las mipymes.
- Restricciones culturales (2018-2024): Los músicos solo pueden actuar en bares y clubes privados con permiso del Ministerio de Cultura, según DW. Esta regulación, que persiste, limita la libertad artística y la capacidad de los artistas para ganarse la vida.
- Límites a importaciones personales (2014-2024): Aunque datan de 2014, las restricciones a los bienes que los viajeros pueden llevar a Cuba, como ropa o electrodomésticos, se han mantenido, según Reuters. Esto afecta a los emprendedores que dependen de estos bienes para sus negocios, ya que no existe un mercado mayorista estatal funcional.
Estas regulaciones, lejos de resolver problemas, crean barreras que dificultan la vida cotidiana y perpetúan la escasez. Como señaló el empresario cubano Oniel Díaz en OnCuba, muchas de estas normas son “absurdas, lamentables y contraproducentes”.
Un país atrapado en el Orinoco
Cuba está atrapada en un ciclo de decisiones que, como las aguas del Orinoco, parecen fluir sin dirección. La insistencia del gobierno en controlar cada aspecto de la economía y la vida social, incluso cuando no tiene los recursos para hacerlo, no solo frustra a los ciudadanos, sino que agrava la crisis. Las mipymes, que han demostrado ser una solución práctica a la escasez, son castigadas en lugar de incentivadas. Los presos, como el que no pudo despedir a su madre, son víctimas de un sistema que prioriza la rigidez sobre la humanidad. Y los cubanos, en su conjunto, enfrentan un futuro incierto, donde las “cosas del Orinoco” siguen siendo la norma.
Es hora de que el gobierno cubano reflexione: si no puede satisfacer las necesidades de su pueblo, al menos debería permitir que otros lo hagan. De lo contrario, el país seguirá navegando por un río de absurdos, sin rumbo ni esperanza
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