El reciente Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las Ilegalidades en Cuba, llevado a cabo entre el 2 y el 7 de diciembre de 2024, ha resultado en el cierre temporal de 680 negocios, principalmente del sector privado. Sin embargo, el contraste con negocios como los de Sandro Castro, nieto del fallecido líder Fidel Castro, que operan con normalidad y sin ser objeto de inspecciones o sanciones, pone en evidencia las profundas desigualdades en el tratamiento de los actores económicos en la isla.
Inspecciones masivas y sanciones desiguales
Según el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se realizaron más de 508 mil inspecciones que detectaron irregularidades como precios abusivos, ocultamiento de mercancías e incumplimientos en el pesaje. Mientras tanto, negocios vinculados a figuras influyentes o familias cercanas al poder, como Sandro Castro, continúan operando sin restricciones aparentes, disfrutando de privilegios que otros empresarios cubanos no tienen.
El ministro Vladimir Regueiro Ale declaró que los cierres son temporales hasta que los negocios «rectifiquen su actitud y se ajusten a lo establecido». Sin embargo, para muchos emprendedores privados, esta rectificación es poco menos que imposible en un entorno donde las reglas cambian constantemente y el margen para operar legalmente es cada vez más estrecho.
Invertir en Cuba: un riesgo elevado
Este panorama pone de manifiesto las dificultades de emprender en Cuba, donde las garantías legales para los negocios privados son mínimas y las decisiones del gobierno suelen ser arbitrarias. La falta de igualdad en la aplicación de la ley y la constante presión sobre los emprendedores independientes convierten a la isla en un terreno hostil para la inversión.
Mientras que el gobierno se concentra en cerrar negocios pequeños por supuestas irregularidades, sectores como el turismo privado de lujo, vinculado a figuras de alto perfil como Sandro Castro, parecen inmunes a estas inspecciones. Esto refuerza la percepción de que las reglas no son iguales para todos y que la corrupción y los favoritismos siguen siendo un obstáculo estructural en el país.
Impacto económico y cuestionamientos éticos
Aunque el gobierno ha recuperado más de 3,000 millones de pesos en deudas este año, muchos se preguntan por qué no se fiscalizan los negocios relacionados con figuras cercanas al poder, que exhiben lujos y beneficios difíciles de justificar en una economía en crisis. Este ejercicio anticorrupción, según sus críticos, no es más que una herramienta para mantener controlado al sector privado mientras los privilegiados permanecen intactos.
La Resolución 225/2024, que establece precios topados para productos básicos, ha intensificado las inspecciones en el sector privado, pero el descontrol en los precios de las tiendas estatales en moneda libremente convertible sigue siendo una preocupación mayor para la población. Este doble rasero mina la credibilidad de las políticas oficiales y deja en claro que, en Cuba, el éxito empresarial depende menos de la legalidad y más de las conexiones.
Desigualdad y riesgo en el emprendimiento cubano
En un país donde las reglas no se aplican de manera uniforme, invertir en Cuba no solo es un desafío logístico, sino un riesgo financiero y legal. La desigualdad en el tratamiento a los negocios refleja una economía que favorece a los allegados al poder, mientras los pequeños emprendedores enfrentan inspecciones constantes, multas y cierres arbitrarios. Para muchos, la pregunta no es cómo prosperar en Cuba, sino cómo sobrevivir en un sistema que no garantiza la estabilidad ni la justicia económica.
