El Consejo de Estado de Cuba aprobó cuatro nuevos decretos-leyes que modifican el marco jurídico de las mipymes y otras formas de gestión no estatal, crean nuevas reglas para las licitaciones, permiten determinadas importaciones comerciales realizadas por personas naturales y establecen un seguro obligatorio para vehículos.
Las normas fueron aprobadas el 19 de agosto como parte del paquete de transformaciones económicas impulsado por las autoridades cubanas. Aunque representan cambios potencialmente importantes para empresarios privados, trabajadores por cuenta propia y consumidores, su alcance definitivo dependerá de los textos íntegros, su reglamentación y las fechas de entrada en vigor.
Una de las disposiciones modifica los decretos-leyes 88, 89 y 90, relacionados respectivamente con las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. Según la información oficial, el objetivo declarado es eliminar restricciones y modificar aspectos relacionados con la aprobación, clasificación, organización, funcionamiento y autonomía de estos actores económicos.
Las transformaciones anunciadas previamente por el Gobierno contemplan una flexibilización más amplia del sector privado. A finales de julio, el primer ministro Manuel Marrero informó que Cuba ya superaba las 15.000 mipymes y cooperativas no agropecuarias y señaló que las nuevas normas buscan reducir requisitos, trámites y plazos para su funcionamiento.
Otro de los decretos-leyes introduce un marco específico para las licitaciones. La nueva normativa establece ese procedimiento como método general para seleccionar contrapartes en contratos de bienes, servicios, obras, gestión de espacios, capacidades productivas y otras modalidades de utilización de recursos estatales. Podrán participar actores económicos estatales y no estatales.
En la práctica, la medida podría ampliar las oportunidades para que empresas privadas y cooperativas compitan por determinados contratos o recursos vinculados al Estado. El Gobierno ya había anunciado además su intención de desarrollar mecanismos digitales y auditables para los procesos de licitación y contratación pública.
Una tercera disposición modifica el Decreto-Ley 22 sobre el Arancel de Aduanas para Importaciones sin Carácter Comercial. El cambio permitirá que personas naturales introduzcan mercancías con carácter comercial tanto como pasajeros como mediante envíos, utilizando canales que hasta ahora estaban concebidos fundamentalmente para importaciones no comerciales.
Esta modificación puede tener un impacto particularmente significativo en Cuba, donde numerosas personas ya introducen productos desde el extranjero para su posterior venta. El Gobierno había adelantado en junio que estas operaciones quedarían sujetas al pago de aranceles en divisas y aclaró que esta modalidad no equivale a otorgar a las personas naturales facultades de comercio exterior.
Por tanto, todavía será necesario conocer qué mercancías podrán importarse, cuáles serán los límites cuantitativos, los aranceles aplicables y los mecanismos de control aduanero antes de determinar hasta qué punto la medida facilitará realmente el abastecimiento del mercado privado.
El cuarto decreto-ley establece el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil para Vehículos de Transporte Terrestre de Motor. La obligación alcanzará a los titulares de vehículos que circulen por vías públicas y férreas cubanas, tanto personas naturales como jurídicas y tanto nacionales como extranjeros.
La medida tendrá consecuencias directas para propietarios particulares y también para mipymes vinculadas al transporte, distribución, construcción, logística y otros servicios que dependan de vehículos automotores.
Los cuatro decretos forman parte de una reforma económica de mayor alcance anunciada durante los últimos meses. Entre otras medidas, las autoridades también han planteado permitir importaciones directas a empresas privadas y cooperativas previa autorización, flexibilizar actividades hasta ahora prohibidas al sector no estatal y ampliar determinados mecanismos de contratación pública.
Sin embargo, la aprobación de los decretos no significa que todas estas modificaciones puedan aplicarse inmediatamente. Será indispensable la publicación de las normas completas y de las disposiciones complementarias correspondientes para conocer los procedimientos, límites y fechas concretas.
Para los emprendedores cubanos, los cambios apuntan a una mayor apertura jurídica para operar negocios, importar mercancías y competir por determinadas oportunidades económicas. Pero el efecto real dependerá de factores que continúan siendo determinantes en Cuba: acceso a divisas, impuestos, regulación de precios, disponibilidad de financiamiento, burocracia administrativa y estabilidad de las reglas.
El paquete supone, por tanto, una ampliación del espacio legal para la actividad privada, aunque será la aplicación práctica —y no únicamente la letra de los decretos— la que determinará si termina traduciéndose en una mayor autonomía empresarial y en un incremento efectivo de la oferta de bienes y servicios.
Fuente: Granma y declaraciones oficiales del Gobierno cubano.
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