Un panel de jueces federales del Primer Circuito de Apelaciones rechazó este lunes una solicitud clave de la administración del presidente Donald Trump para revocar el programa de ‘parole’ humanitario que ha permitido la entrada legal y la permanencia temporal de más de medio millón de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión del tribunal sostiene la orden provisional emitida en abril por la jueza federal Indira Talwani, quien suspendió la cancelación generalizada del estatus migratorio implementado durante el mandato del expresidente Joe Biden. Este programa, conocido formalmente como CHNV, otorgaba permisos temporales de permanencia y trabajo por hasta dos años a ciudadanos de los mencionados países, bajo la condición de contar con un patrocinador legal en Estados Unidos.
La administración Trump, que busca revertir múltiples políticas migratorias de su predecesor, había argumentado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encabezado por la secretaria Kristi Noem, posee autoridad suficiente para poner fin al programa de forma unilateral. En su apelación, el Ejecutivo sostuvo que la continuidad del ‘parole’ obligaba al gobierno a mantener a “cientos de miles de extranjeros” dentro del país sin una evaluación individual de sus circunstancias.
Sin embargo, la corte coincidió con la jueza Talwani en que la revocación del programa violaba principios fundamentales de debido proceso administrativo, al no contemplar una revisión caso por caso. El tribunal determinó que las notificaciones enviadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), informando a los beneficiarios que sus permisos estaban siendo anulados, carecían de base legal sin una valoración individualizada de cada situación.
“El gobierno no ha presentado razones sustanciales que justifiquen privar de protección migratoria a personas que fueron admitidas legalmente bajo un esquema diseñado para ofrecer alivio en situaciones humanitarias urgentes”, escribió Talwani en su fallo previo, remarcando que los beneficiarios quedarían expuestos a la pérdida de su empleo, su sustento y su estabilidad familiar si la decisión del Ejecutivo prosperara.
El programa CHNV, activado por primera vez en 2022, fue inicialmente dirigido a ciudadanos venezolanos ante el incremento de llegadas irregulares por la frontera sur. Posteriormente se amplió para incluir a migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, en un intento de canalizar los flujos migratorios por vías legales y ordenadas. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos —familiar o no— dispuesto a respaldarlos económicamente durante su estancia.
La organización Justice Action Center, que ha representado legalmente a algunos de los migrantes afectados, celebró la decisión como un freno a lo que considera una política «imprudente y jurídicamente insostenible». “La revocación del ‘parole’ sin evaluación individual habría sumido a cientos de miles de personas en una situación de inseguridad jurídica, laboral y humanitaria”, indicó su directora, Karen Tumlin.
A pesar del revés judicial, la Casa Blanca no ha descartado llevar el caso ante la Corte Suprema. De hacerlo, el fallo podría convertirse en un caso emblemático sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, y sobre la vigencia de los principios de equidad y debido proceso para poblaciones vulnerables en el sistema estadounidense.
La medida también se inscribe en un contexto de creciente polarización política sobre la migración. Mientras el gobierno de Trump afirma que los ‘paroles’ han sido utilizados de manera excesiva, organizaciones de derechos humanos, comunidades religiosas y líderes locales insisten en que el programa ha sido crucial para ofrecer protección y estabilidad a personas que huyen de contextos de violencia, crisis humanitaria o persecución política.
Con la resolución del tribunal, miles de migrantes de América Latina continúan amparados bajo un estatus legal temporal que les permite trabajar, residir y solicitar otros mecanismos de regularización. Sin embargo, la incertidumbre persiste ante la posibilidad de nuevas acciones legales por parte del Ejecutivo, lo que deja a las comunidades beneficiadas en una situación de vigilancia constante y ansiedad frente a su futuro migratorio.
