Congresistas del sur de Florida tienen previsto presentar la próxima semana al presidente Donald Trump una propuesta para que, mediante una orden ejecutiva, se facilite el ajuste de estatus migratorio de ciudadanos cubanos que recibieron el formulario I-220A. La iniciativa cobra especial relevancia tras un fallo judicial desfavorable para una familia cubana que solicitaba acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
La propuesta buscaría ofrecer una solución a miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos, fueron liberados bajo supervisión migratoria y posteriormente encontraron dificultades para obtener la residencia permanente. El principal obstáculo es que el I-220A no equivale legalmente a un parole migratorio, requisito que puede resultar determinante para acceder a la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.
El debate se ha intensificado después de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazara el recurso presentado por la familia de Yoan Aguiar-Fernández, quien llegó a Estados Unidos en junio de 2021 tras cruzar la frontera por Arizona. Las autoridades migratorias lo liberaron junto a sus familiares mediante formularios I-220A, pero esa modalidad de liberación no fue considerada suficiente para cumplir el requisito de admisión o parole previsto en la legislación.
El caso de Aguiar-Fernández constituye un nuevo precedente judicial para los cubanos con I-220A. En una sentencia publicada el 17 de noviembre, el Undécimo Circuito determinó que la liberación condicional bajo la sección 1226 de la legislación migratoria no equivale al parole previsto en la sección 1182(d)(5)(A), necesario para quienes buscan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano sin haber sido admitidos previamente en Estados Unidos.
El tribunal también confirmó la denegación de las solicitudes de asilo y otras protecciones de la familia, al considerar que las pruebas presentadas no cumplían los requisitos legales correspondientes. La decisión mantiene la orden de expulsión dictada en este caso, pero no dispone la deportación automática de todos los cubanos que poseen un I-220A.
La eventual propuesta de los congresistas del sur de Florida tendría como objetivo superar este obstáculo mediante una intervención del Ejecutivo. No obstante, una orden presidencial no puede modificar por sí sola los requisitos establecidos por el Congreso en la Ley de Ajuste Cubano. Su alcance dependería de las facultades migratorias que legalmente pueda ejercer la administración Trump.
Hasta el momento no he podido corroborar de manera independiente qué congresistas presentarán la propuesta, su contenido definitivo ni la fecha exacta de entrega. Tampoco existe confirmación de que Trump haya aceptado emitir una orden ejecutiva. Por ello, la iniciativa debe considerarse una gestión anunciada, no una solución migratoria aprobada.
Fuentes: Tribunal Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito, sentencia Aguiar-Fernández contra el fiscal general de Estados Unidos, expediente 24-12318, del 17 de noviembre de 2026; información sobre la propuesta legislativa pendiente de confirmación oficial.
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