Un creciente número de miembros del Congreso de Estados Unidos está presionando al Pentágono para que compense a una familia somalí tras una investigación de The Intercept sobre un ataque con drones en 2018, que resultó en la muerte de una mujer y su hija de 4 años. Esta solicitud se produce en un momento en el que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) criticó al Departamento de Defensa por no llevar un registro adecuado de las violaciones a las leyes de guerra.
La investigación, que destacó el caso de Luul Dahir Mohamed y su hija Mariam Shilow Muse, ha motivado a figuras como la Senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, y los Representantes Barbara Lee, de California, y Jim McGovern, de Massachusetts, a sumarse a las voces que ya habían solicitado acciones similares a principios de este año. En diciembre de 2023, veinticuatro organizaciones de derechos humanos, tanto somalíes como internacionales, apelaron al secretario de Defensa, Lloyd Austin, para que ofreciera compensaciones a la familia por las pérdidas sufridas.
Según The Intercept, la operación militar estadounidense del 1 de abril de 2018, que tenía como objetivo supuestos combatientes, acabó afectando a civiles, entre ellos a Luul y Mariam. A pesar de que una investigación militar secreta de EE.UU., obtenida mediante la Ley de Libertad de Información, admitió la muerte de una mujer y una niña en el ataque, no se logró identificar plenamente a las víctimas. Familiares de las afectadas han intentado sin éxito comunicarse con el gobierno estadounidense para obtener respuestas o algún tipo de reparación.
El Representante Jim McGovern expresó a The Intercept: “Estados Unidos necesita disculparse, asumir la responsabilidad y hacer enmiendas. No podemos quitar el dolor y el sufrimiento de esta familia, pero el hecho de que ni siquiera lo hayamos intentado es terrible”. Esta declaración subraya la necesidad de que EE.UU. adopte prácticas coherentes con los estándares internacionales en materia de bajas civiles, independientemente de la administración bajo la cual ocurrieron.
En diciembre, el Departamento de Defensa publicó su esperada «Instrucción sobre Mitigación y Respuesta al Daño Civil», que establece las políticas, responsabilidades y procedimientos para mitigar y responder al daño a civiles causado por operaciones militares estadounidenses. Esto incluye la emisión de pagos ex gratia a los familiares de las víctimas.
La preocupación de Warren y otros legisladores se centra en que la falta de compensación a las familias afectadas podría socavar la credibilidad del compromiso del Departamento con la prevención y el tratamiento del daño civil. La reciente crítica de la GAO refuerza esta preocupación, señalando deficiencias tanto en AFRICOM como en el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) en cuanto a la documentación y reporte de violaciones a las leyes de guerra, lo que limita la capacidad del Departamento de Defensa para cumplir adecuadamente con las leyes de guerra internacionales.
Este caso, junto con otros, refleja el alto costo humano de la guerra contra el terror, una lucha que cada vez se lleva a cabo de manera más remota y que, según los legisladores, requiere de una revisión profunda y acciones concretas para hacer justicia a las víctimas inocentes de acciones estadounidenses.
