TAMPA — La congresista demócrata Kathy Castor ha solicitado formalmente al expresidente Donald Trump que conceda un permiso de permanencia humanitaria a Heidy Sánchez Tejeda, una ciudadana cubana deportada recientemente, cuya expulsión ha causado profunda consternación en la comunidad local. Sánchez, madre de una niña ciudadana estadounidense y esposa de un residente legal, fue separada de su familia tras ser detenida por agentes de inmigración durante una cita de rutina con las autoridades migratorias.
En una declaración pública, Castor calificó la deportación como un acto “cruel” y “legalmente cuestionable”, alegando que se produjo sin previo aviso y sin considerar el impacto devastador sobre su entorno familiar. La congresista subrayó que, como consecuencia directa de la separación, la hija lactante de Sánchez requirió atención médica urgente, siendo hospitalizada poco después de la detención de su madre.
“El gobierno debe actuar conforme a principios humanitarios fundamentales y poner fin a estas políticas que destruyen familias sin justificación”, afirmó Castor, quien representa a un distrito con una considerable población inmigrante en el estado de Florida. En su petición, solicitó al exmandatario —en un contexto en el que su influencia sobre la agenda migratoria republicana sigue siendo significativa— que intervenga para permitir el retorno de Sánchez bajo la figura de parole humanitario.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y abogados especializados en casos de reunificación familiar se han sumado al reclamo, alegando que la deportación de Sánchez Tejeda podría haber infringido normativas del debido proceso y tratados internacionales sobre derechos del niño. “Se trata de una madre que vivía en paz, cuidando a su hija, dentro de una familia estable. Esta deportación no solo es moralmente indefendible, sino también jurídicamente discutible”, expresó uno de los abogados que acompaña el caso.
Este episodio se suma a una serie de casos recientes en los que residentes con vínculos familiares directos con ciudadanos estadounidenses han sido repatriados, desatando un intenso debate sobre los límites de la política migratoria actual y la necesidad de reformas legislativas que prioricen la unidad familiar. Grupos comunitarios en Tampa han convocado vigilias y actos públicos para visibilizar la situación de Sánchez y de otras personas en circunstancias similares.
Mientras crecen las voces que exigen una revisión integral del sistema de detención y deportación de inmigrantes, la situación de Heidy Sánchez Tejeda se ha convertido en un símbolo del impacto humano de políticas que, según críticos, priorizan el control fronterizo por encima de los principios de justicia y compasión. El desenlace del caso podría tener implicaciones significativas para futuras decisiones en materia de inmigración, especialmente en un año marcado por un renovado interés político en la reforma migratoria a nivel nacional.
