TAMPA, FLORIDA. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves 29 de octubre la condena de cinco ciudadanos cubanos y un estadounidense, integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes, fraude migratorio y lavado de dinero. La red movilizó ilegalmente a numerosos cubanos y blanqueó más de 22 millones de dólares entre 2021 y 2025.
Según las autoridades federales, la organización utilizaba redes sociales para captar clientes residentes en Cuba, a quienes cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por facilitar su entrada a Estados Unidos. Los responsables organizaban desplazamientos a través de la frontera sur y, en determinados casos, contrataron aviones privados para transportar grupos de migrantes.
La investigación reveló que los implicados también utilizaban solicitudes fraudulentas del sistema electrónico de autorización de viaje ESTA, proporcionando direcciones falsas e información incorrecta sobre la residencia de los solicitantes. Una vez en territorio estadounidense, preparaban documentación migratoria irregular, incluidas solicitudes de asilo con declaraciones falsas. El Departamento de Justicia atribuye a la organización más de 1.700 solicitudes de asilo fraudulentas.
La principal condenada fue Liannys Yaiselys Vega-Pérez, quien recibió cuatro años de prisión por su participación en las operaciones de tráfico, fraude y lavado de dinero. Layra Libertad Treto Santos fue sentenciada a 30 meses, mientras que Miguel Martínez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Walbis Pozo-Dutel y Emanuel Martínez Gonzálezrecibieron penas de dos años de cárcel cada uno. Los seis se habían declarado culpables de los delitos correspondientes a su participación.
Las autoridades determinaron que la organización utilizó empresas pantalla y transferencias financieras para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente. Entre julio de 2022 y noviembre de 2024, gastó más de 600.000 dólares en vuelos de una sola aerolínea. Además, los tribunales ordenaron decomisos de 2,9 millones de dólares a Escalona-Marrero, 150.000 a Martínez Vasconcelos y 95.000 a Treto Santos.
El caso forma parte de una investigación federal que involucra a 12 acusados, algunos de los cuales todavía tienen procesos judiciales pendientes. Más allá de las condenas, el descubrimiento de la red plantea interrogantes sobre las consecuencias migratorias para quienes utilizaron sus servicios, especialmente aquellos cuyos expedientes contienen información falsa. No obstante, la participación de una persona como cliente no demuestra automáticamente que conociera las irregularidades ni determina por sí sola su situación legal.
La operación pone de manifiesto cómo determinadas redes criminales aprovecharon las dificultades migratorias y las aspiraciones de numerosos cubanos para construir un negocio multimillonario. Mientras sus organizadores enfrentan penas de prisión y decomisos, las autoridades deberán determinar el alcance del fraude y las posibles consecuencias para los solicitantes afectados, garantizando el análisis individual de cada expediente.
Fuentes: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida y Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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