De cara a los comicios de medio término en 2026, funcionarios estatales en Colorado han reportado haber sido contactados por representantes vinculados al Partido Republicano, quienes habrían alegado actuar en coordinación con la administración del presidente Donald Trump para implementar medidas federales relacionadas con la integridad electoral. Entre las solicitudes más polémicas se incluyó permitir el acceso de terceros a sistemas y equipos electorales locales, propuesta que fue rechazada por los responsables del proceso en los condados de Fremont y Weld.

Aunque desde la Casa Blanca se han desvinculado de estas acciones, las gestiones coinciden con una serie de iniciativas impulsadas desde el poder ejecutivo para modificar las reglas del sistema electoral. El contexto es especialmente delicado: el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes está en juego, y una leve ganancia por parte de los demócratas podría obstaculizar la agenda legislativa del mandatario en la segunda mitad de su gestión.

El mandatario firmó en marzo un decreto con medidas como la exigencia de prueba de ciudadanía para el registro de votantes y la restricción del conteo de votos por correo que lleguen después del día electoral. Aunque algunas disposiciones han sido bloqueadas por la justicia federal, se han replicado en propuestas legislativas impulsadas en estados como Texas, donde además se ha presentado un rediseño de distritos electorales que favorecería al partido en el poder.

Además, el Departamento de Justicia ha solicitado a diversas entidades estatales que entreguen información sobre registros de votantes y sus políticas de depuración, lo que ha despertado preocupación entre funcionarios electorales, quienes temen presiones indebidas o investigaciones motivadas por intereses políticos. Encuestas recientes reflejan ese malestar: muchos administradores locales se sienten vulnerables frente a posibles represalias por decisiones técnicas que podrían no ser bien recibidas por el Gobierno central.

El caso de la exfuncionaria electoral de Colorado, Tina Peters, condenada por acceder indebidamente a equipos de votación, ha sido retomado por el Ejecutivo como un ejemplo de presunta “persecución política”. La administración ha intervenido públicamente en su defensa, alimentando los temores sobre el uso político de los mecanismos judiciales y administrativos.

En este clima, varios responsables del proceso electoral han reportado amenazas, cambios en sus rutinas de trabajo por motivos de seguridad y desconfianza creciente hacia la coordinación entre instancias estatales y federales. Expertos en derecho electoral advierten que esta estrategia podría debilitar la credibilidad de las elecciones, al transmitir la idea de que las decisiones locales están sometidas a presiones políticas externas. La tensión entre el nivel federal y los gobiernos estatales se mantiene, mientras aumenta la incertidumbre sobre la transparencia y neutralidad del proceso democrático en Estados Unidos.

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Una serie de decisiones recientes adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado intensas críticas por parte de legisladores, analistas y medios de comunicación, al ser interpretadas como intentos de controlar la narrativa histórica y económica del país. En menos de una semana, se conoció que el Instituto Smithsonian retiró discretamente una referencia a los juicios políticos contra Trump de una exposición sobre los límites del poder presidencial, y que la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) fue despedida tras publicar un informe negativo sobre el empleo.

Según reporta CNN, la eliminación del cartel informativo ocurrió en el Museo Nacional de Historia Estadounidense, específicamente en la muestra titulada La Presidencia estadounidense: una gloriosa carga. La pieza retirada se encontraba junto a una sección dedicada a los procesos de impeachment en la historia de Estados Unidos y hacía mención directa a los dos juicios políticos contra Trump. El Smithsonian explicó que la decisión se enmarca en una “revisión de contenido histórico”, sin confirmar si estuvo relacionada con el decreto firmado por el propio presidente en marzo pasado, donde se pedía eliminar la “ideología inapropiada” de las instituciones culturales federales.

El decreto presidencial generó preocupación desde su anuncio, al sugerir una redefinición de qué constituye una representación “objetiva” de la historia. Las sospechas aumentaron tras conocerse, a través de The Washington Post, que la revisión de contenido pudo estar motivada por presiones directas desde la Casa Blanca, que recientemente promovió la destitución de un alto funcionario de otro museo federal. Aunque el Smithsonian aseguró que una nueva versión de la exposición incluirá nuevamente los juicios contra Trump, la omisión temporal ha sido criticada por diversos sectores como un acto de censura simbólica.

En paralelo, el presidente Trump despidió el viernes a la directora de la BLS, la economista Erika McEntarfer, poco después de que la agencia publicara un informe con los peores datos trimestrales de empleo desde 2010, sin relación con la pandemia. CNN indica que Trump justificó públicamente su decisión alegando que “no creyó en los números” y acusando al equipo estadístico de “fabricar una narrativa dañina”.

Esta explicación generó una reacción inmediata incluso entre senadores republicanos. La senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, expresó que “no es culpa de la estadística si los números son precisos y no son lo que el presidente esperaba”, mientras que su colega Thom Tillis, de Carolina del Norte, advirtió que, si la motivación fue el desacuerdo con los datos, la medida “debería preocupar a todos los que valoran la transparencia gubernamental”.

El despido también fue percibido como un mensaje intimidatorio para otros funcionarios técnicos del gobierno. “Es una señal clara: si no presentas datos que agraden al poder ejecutivo, podrías ser reemplazado”, comentó un exfuncionario del Departamento de Trabajo a CNN bajo condición de anonimato.

Estas decisiones se suman a una larga lista de acciones de Trump que han sido interpretadas como intentos por reescribir el relato institucional del país. Entre los ejemplos más señalados:

• La minimización del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyos participantes Trump ha calificado de “rehenes políticos”.
• La eliminación de programas de diversidad e inclusión dentro del aparato estatal.
• Las presiones sobre jueces y fiscales que han investigado al presidente o a sus aliados.
• El despido de inspectores generales independientes al inicio de su mandato.
• Y, más recientemente, el impulso de un “proyecto legado” que busca remodelar la Casa Blanca con una estética más afín a su visión presidencialista.

Lo que preocupa a analistas y figuras políticas no es únicamente el contenido de estas decisiones, sino el precedente que sientan en cuanto a la independencia de las instituciones públicas y su rol como garantes del conocimiento histórico, la veracidad estadística y la rendición de cuentas.

Fuentes: CNN, The Washington Post, Smithsonian Institution, Oficina de Estadísticas Laborales (BLS)
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