El Gobierno de Donald Trump ha decidido utilizar a la Marina de Estados Unidos para acelerar la construcción de una amplia red de centros de detención de inmigrantes en todo el país, en lo que representa una de las medidas más ambiciosas de su política migratoria desde su regreso a la Casa Blanca.
De acuerdo con fuentes citadas por CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está canalizando alrededor de 10.000 millones de dólares a través del Comando de Sistemas de Suministro de la Marina, que actuará como brazo contratista encargado de supervisar la edificación y mantenimiento de los nuevos recintos. El objetivo, según las mismas fuentes, es reducir los plazos de construcción y disponer de instalaciones operativas en cuestión de semanas.
La iniciativa forma parte del plan de la administración Trump para duplicar la capacidad de detención migratoria en el país, tras un incremento sostenido en los arrestos de personas indocumentadas. El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, ha señalado que busca aumentar de 41.000 a más de 80.000 las camas de detención disponibles a nivel nacional.
Según los documentos federales revisados por CNN, las nuevas instalaciones —principalmente estructuras modulares y carpas de lados blandos— podrían levantarse en Louisiana, Georgia, Pensilvania, Indiana, Utah y Kansas, con una capacidad estimada de hasta 10.000 personas por centro. Cada complejo incluirá tribunales de inmigración, espacios administrativos, áreas médicas y zonas de reclusión, además de accesos directos a aeropuertos y servicios de emergencia.
El uso de la Marina responde al deseo del Ejecutivo de agilizar los contratos de construcción, evitando los retrasos derivados de las licitaciones civiles. La medida también amplía un mecanismo de contratación militar, conocido como WEXMAC 2.1, que desde julio permite a los contratistas construir infraestructura dentro del territorio estadounidense bajo la categoría de “Integridad Territorial de los Estados Unidos”.
Este modelo de contratación, habitualmente empleado para proyectos de emergencia en el extranjero, ahora se aplicará dentro del país para apoyar las operaciones del DHS e ICE bajo el programa de “Apoyo de Defensa a las Autoridades Civiles”. Según los términos del contrato, los proveedores deberán aceptar todas las remisiones del ICE y garantizar “custodia segura y protección de los detenidos” conforme a las leyes estatales y federales.
Analistas consultados por CNN advierten que esta estrategia refleja una militarización creciente de la política migratoria estadounidense, al involucrar de manera directa a las fuerzas armadas en tareas de control y confinamiento civil. “No es sorprendente —explicó Todd Harrison, investigador del American Enterprise Institute—. Las Fuerzas Armadas tienen experiencia en proyectos de construcción rápida y logística compleja, tanto dentro como fuera del país”.
La Marina y el Departamento de Seguridad Nacional declinaron ofrecer comentarios oficiales sobre el programa. No obstante, se espera que las primeras obras comiencen el próximo mes, con el objetivo de tener operativas varias instalaciones antes de mediados de 2026.
El anuncio llega en medio de un endurecimiento de las políticas de deportación y detención, impulsado por la administración Trump como parte de su promesa de “recuperar el control total de las fronteras” y ampliar la infraestructura federal de custodia migratoria en todo Estados Unidos.
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