Doctora cubana es detenida por ICE en Houston mientras su hija gravemente enferma queda al cuidado de la familia

La detención de la médica cubana Lázara Campos Cabrera, residente en Estados Unidos desde 2021, ha generado inquietud entre sus familiares, quienes advierten que la separación podría comprometer la estabilidad de su hija de un año, una bebé con enfermedades genéticas severas que requieren atención constante.

Campos Cabrera, de 29 años, asistió esta semana a una cita programada con autoridades migratorias en Houston. Según relataron personas cercanas, presentó documentación médica que describe el delicado estado de salud de su pequeña hija; sin embargo, fue retenida en el lugar y posteriormente trasladada al Centro Montgomery, donde permanece bajo custodia. La familia afirma que la decisión tomó por sorpresa a quienes la acompañaban, pues siempre había acudido puntualmente a sus compromisos con inmigración y no registra antecedentes penales.

Lázara llegó al país tras cruzar la frontera sur y fue liberada con un I-220A, un documento que ha dejado a miles de cubanos en un vacío legal al no ser reconocido como parole. Para su entorno, el caso resulta particularmente complejo porque ella era la principal cuidadora de su hija, Antonella, quien enfrenta dos síndromes genéticos poco frecuentes que afectan su desarrollo metabólico, neurológico y respiratorio. La menor depende de ventilación asistida, alimentación por sonda y supervisión médica permanente.

Quienes conocen a la joven doctora recuerdan que en Cuba estuvo involucrada en la atención sanitaria durante los períodos más exigentes de la pandemia y que emigró buscando mejores oportunidades profesionales y estabilidad familiar. La detención, señalan, deja a la bebé en una situación de gran vulnerabilidad y aumenta la preocupación sobre las consecuencias de una separación prolongada.

La familia ha solicitado que el caso sea revisado con urgencia y ha comenzado a pedir el apoyo de representantes locales y organizaciones comunitarias para que se considere la dimensión humanitaria de la situación. Mientras tanto, la hija permanece al cuidado de sus parientes, quienes temen que cualquier cambio brusco en su entorno afecte su evolución clínica.

Las autoridades migratorias aún no han ofrecido declaraciones públicas sobre el caso ni sobre los factores que motivaron la detención.

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AUMENTAN LOS INCIDENTES RACISTAS CONTRA LATINOS EN ESTADOS UNIDOS EN MEDIO DE NUEVAS TENSIONES MIGRATORIAS

Miami, Florida – 5 de diciembre de 2025 – Estados Unidos atraviesa un momento delicado marcado por el recrudecimiento de episodios de discriminación y perfilamiento racial dirigidos contra la comunidad latina. Organizaciones de derechos civiles alertan de una tendencia al alza en comportamientos hostiles que, lejos de ser aislados, evidencian una fractura social cada vez más profunda en un país que continúa definiéndose por su diversidad.

En los últimos días, dos incidentes con amplia repercusión pública han reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los hispanos frente a agresiones motivadas por prejuicios raciales.

El primero ocurrió en una iglesia de Atlanta, Georgia, donde María González, residente legal en Estados Unidos desde hace una década, fue increpada durante un servicio religioso por el pastor Reginald Hayes. Según grabaciones difundidas en redes sociales, el líder religioso amenazó con llamar a inmigración si González “no hablaba inglés como Dios manda”. La mujer abandonó el lugar entre lágrimas, denunciando que fue objeto de humillación en un espacio destinado a la contención espiritual.

El caso ha despertado críticas de organizaciones afroamericanas y latinoamericanas, que consideran el comentario del pastor un ejemplo de cómo los prejuicios pueden surgir incluso dentro de comunidades históricamente afectadas por la discriminación. Hayes defendió su postura mediante un comunicado en el que atribuyó el episodio a un supuesto llamado al “orden interno”, valoración que fue rechazada por colectivos de derechos civiles, quienes calificaron sus expresiones como divisivas y dañinas. La fiscalía estatal evalúa si las declaraciones constituyen acoso.

El segundo episodio tuvo lugar en los Cayos de Florida. Karla Ramírez, empresaria de origen cubano nacida en Miami, fue detenida por agentes federales mientras caminaba por Key West, pese a identificarse como ciudadana estadounidense. Ramírez denunció haber sido esposada y retenida durante horas bajo la presunción de ser indocumentada únicamente por hablar español durante una llamada telefónica. Los videos grabados por testigos muestran la insistencia de los agentes pese a que la mujer presentó su pasaporte y certificado de nacimiento. La afectada anunció una demanda por discriminación contra el Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con documentación preliminar revisada por la ACLU, al menos 15 casos similares de detenciones basadas en “apariencia latina” han sido reportados en Florida desde noviembre, coincidiendo con el endurecimiento de los protocolos migratorios. Colectivos de derechos humanos señalan un repunte en el perfilamiento racial, especialmente en zonas con presencia elevada de hispanos.

Estos hechos se suman a recientes ataques contra negocios de propietarios latinos en Texas y California, así como a un incremento del 25% en denuncias vinculadas a discursos de odio dirigidos a esta comunidad, según datos del Southern Poverty Law Center. Dirigentes sociales y activistas como Dolores Huerta han llamado a articular una respuesta coordinada, destacando que la discriminación, lejos de limitarse a un grupo concreto, afecta a todas las minorías cuando se normaliza la intolerancia.

Mientras avanza un debate legislativo sobre una nueva reforma migratoria, representantes del Congreso advierten que la tensión social exige un abordaje firme que garantice la igualdad de derechos y la protección de las minorías. Con un 19% de la población nacional identificándose como latina, según cifras del Censo, diversos sectores consideran crucial reforzar políticas de integración y mecanismos de denuncia para evitar una escalada de abusos.

Por ahora, comunidades de distintos estados organizan vigilias, foros comunitarios y campañas digitales destinadas a visibilizar el impacto del racismo cotidiano. La pregunta que queda abierta es si esta sucesión de incidentes marcará un punto de inflexión en la política migratoria y en la relación del país con sus minorías, o si se trata del preludio de episodios aún más polarizados.

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USCIS reduce la vigencia de los permisos de trabajo de cinco años a 18 meses

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una modificación sustancial en su Manual de Políticas que reduce de manera significativa el período máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). La medida, que forma parte de una estrategia más amplia de revisión y control migratorio, impactará a numerosas categorías de extranjeros que dependen de estos permisos para trabajar legalmente en el país.

Según la actualización, los permisos de trabajo —que durante años podían emitirse con vigencias de hasta cinco años— pasarán a tener un máximo de 18 meses para grupos considerados de “mayor sensibilidad” en términos de verificación de antecedentes. USCIS argumenta que esta reducción permitirá realizar evaluaciones de seguridad más frecuentes, con el fin de identificar solicitudes fraudulentas o casos que representen riesgos para la seguridad nacional.

El director de USCIS, Joseph Edlow, sostuvo que la medida responde a prioridades de seguridad revisadas tras incidentes recientes. Según sus declaraciones, investigaciones más frecuentes permitirán detectar con mayor rapidez a extranjeros que puedan estar involucrados en actividades contrarias a los intereses estadounidenses o en conductas que vulneren la seguridad pública.

Las categorías afectadas por el nuevo límite de 18 meses incluyen:

– Personas admitidas como refugiados.
– Beneficiarios de asilo.
– Extranjeros con suspensión de deportación o remoción.
– Solicitantes de asilo o suspensión de remoción con casos pendientes.
– Solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
– Solicitantes de cancelación de deportación o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio para Centroamérica.

Estos cambios aplican a toda solicitud de autorización de empleo pendiente o presentada a partir del 2 de diciembre de 2025.

Además, USCIS recordó que la legislación aprobada por el Congreso —la ley H.R. 1, promulgada el 4 de julio de 2025— establece límites aún más estrictos para otras categorías. Bajo esta norma, el período máximo de vigencia del permiso será de un año o del tiempo autorizado por el estatus temporal correspondiente, lo que resulte menor. Estas disposiciones afectan a:

– Refugiados con permiso de permanencia temporal.
– Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
– Personas con permiso de permanencia temporal (“parole”).
– Solicitantes de TPS con casos pendientes.
– Cónyuges extranjeros de empresarios con permiso temporal.

USCIS ya había adelantado estos lineamientos en una notificación publicada en el Registro Federal el 22 de julio de 2025, fecha desde la cual los nuevos parámetros son aplicables a cualquier Formulario I-765 en trámite o presentado posteriormente.

La actualización supone un cambio profundo en la política migratoria reciente, pues incrementa la frecuencia de renovaciones y revisiones, y coloca a decenas de miles de solicitantes en un ciclo más estricto de control. Para muchos inmigrantes, especialmente quienes dependen de permisos prolongados para mantener estabilidad laboral, la medida representa una nueva capa de incertidumbre en un entorno migratorio cada vez más rígido.

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Crece el malestar entre cubanos en Florida por el silencio de sus congresistas ante las nuevas restricciones migratorias

La comunidad cubana del sur de Florida atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años. Las recientes medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump —que incluyen la suspensión indefinida de solicitudes de inmigración, asilo y programas humanitarios para cubanos, haitianos y venezolanos— han provocado un estallido de indignación entre miles de exiliados que sienten que las políticas diseñadas para presionar a La Habana terminan golpeando exclusivamente a quienes huyeron de ella.

El descontento no se dirige únicamente a la Casa Blanca. En Miami-Dade, gran parte de la frustración recae sobre los congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, a quienes muchos acusan de no defender a sus votantes en un momento crítico. “Estas medidas no afectan al gobierno cubano; afectan a nuestras familias, a los que nos sacrificamos para empezar de cero aquí”, protestó María Elena López, residente de Hialeah y exiliada de La Habana desde hace 15 años.

El endurecimiento de la postura de Trump hacia Cuba se intensificó tras su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025. A mediados de año reinstauró restricciones financieras, turísticas y de remesas, y el 3 de diciembre firmó una orden ejecutiva que congela todas las solicitudes de inmigración y asilo para ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”. El golpe más fuerte lo reciben los más de 300.000 cubanos que dependían del Estatus de Protección Temporal, del parole humanitario o de solicitudes de residencia pendientes.

Economistas y organizaciones de derechos de los migrantes señalan que estas políticas profundizan la crisis humanitaria que enfrentan miles de familias, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Aunque las remesas representan una parte importante del ingreso familiar en la isla, su restricción afecta también a los propios remitentes, que utilizan estos envíos como mecanismo de apoyo a familiares vulnerables.

Pero el mayor foco de indignación se dirige contra los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. Diversos sectores de la comunidad consideran que han respaldado sin reservas las medidas de la administración Trump, aun cuando estas perjudican directamente a sus votantes. En Miami-Dade se multiplican las vallas publicitarias con críticas directas hacia ellos, financiadas por donantes cubanoamericanos que dicen sentirse abandonados por quienes, en teoría, debían representarlos.

Salazar defendió públicamente su postura señalando que ha enfrentado “batallas políticas” para lograr cambios, pero no ha promovido legislación que exima a los cubanos de las nuevas restricciones, lo que ha intensificado las protestas. Díaz-Balart y Giménez tampoco han respondido al creciente malestar, mientras líderes comunitarios cuestionan que insistan en discursos de seguridad mientras familias enteras quedan expuestas a deportaciones o procesos migratorios congelados.

La indignación se refleja también en redes sociales, donde activistas, artistas y votantes habituales del Partido Republicano expresan su desilusión. Algunos, incluso, reconocen sentirse engañados tras haber apoyado políticas de mano dura que ahora se vuelven contra los propios exiliados. En protestas recientes en Little Havana y Hialeah, participantes corearon consignas contra nuevas restricciones que consideran “injustas, ineficaces y dirigidas a las personas equivocadas”.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil recogen firmas y analizan acciones legales para solicitar exenciones o frenar la implementación de medidas consideradas discriminatorias. Otros evalúan su impacto electoral. La comunidad cubana en Florida ha sido históricamente un bloque político influyente; hoy, sin embargo, enfrenta la posibilidad de una fractura interna marcada por el desencanto y la sensación de abandono.

Muchos se preguntan si esta crisis reconfigurará el mapa político del exilio o si los congresistas del sur de Florida replantearán su postura ante la presión creciente de sus propios votantes. Por ahora, la incertidumbre domina a una comunidad que se siente directamente afectada por decisiones tomadas sin considerar sus realidades más urgentes.

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Exjefe de inteligencia venezolano relata presuntas operaciones de narcoterrorismo y cooperación cubana en carta enviada desde EE.UU.

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como “El Pollo” Carvajal y exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, difundió desde una prisión federal en Estados Unidos una carta en la que asegura que durante dos décadas existió una estructura de operaciones ilícitas integrada por altos funcionarios del chavismo, con participación de actores internacionales y presunto respaldo de autoridades cubanas. La misiva —dirigida al presidente Donald Trump y divulgada por medios estadounidenses— constituye la declaración más extensa atribuida a un antiguo integrante de la cúpula de seguridad venezolana.

Carvajal, quien se declaró culpable en territorio estadounidense por conspiración vinculada al narcoterrorismo, afirma que decidió ofrecer detalles sobre actividades que, según él, presenció durante años en el aparato de seguridad venezolano. Sostiene que su objetivo es contribuir a que Estados Unidos pueda evaluar y comprender lo que describe como riesgos transnacionales asociados a estas operaciones.

En su carta, el exgeneral recuerda que se distanció políticamente de Nicolás Maduro en 2017 y que abandonó Venezuela aun sabiendo que enfrentaba cargos penales. Relata que su intención era denunciar prácticas que, en su opinión, afectaban la estabilidad regional y la integridad institucional de su país.

Carvajal divide sus afirmaciones en varios bloques. El primero se centra en el presunto uso del narcotráfico como instrumento político. Asegura que altos funcionarios venezolanos convirtieron ese mercado ilícito en un mecanismo de presión contra Estados Unidos, y que esas actividades habrían sido coordinadas con grupos armados irregulares y apoyadas por asesores extranjeros. Según su relato, autoridades cubanas habrían sugerido hace más de dos décadas la integración de estas redes ilícitas como parte de una estrategia geopolítica, extremo que no ha sido confirmado por fuentes independientes.

Otra de sus afirmaciones alude a la expansión del crimen organizado. Carvajal sostiene que estructuras delincuenciales como el llamado Tren de Aragua habrían sido utilizadas para proyectar influencia en el exterior. Afirma que miles de integrantes de esas bandas habrían sido enviados fuera de Venezuela y que parte de ellos habría llegado a Estados Unidos aprovechando procesos migratorios. Según su versión, estos grupos mantenían directrices para continuar actividades delictivas con fines de financiamiento.

El exjefe militar describe además supuestas operaciones de espionaje ejecutadas con participación de actores rusos y cubanos. Asegura haber presenciado propuestas para intervenir infraestructuras de comunicaciones y señala que agentes venezolanos y cubanos habrían operado durante años en Estados Unidos, en ocasiones —según él— haciéndose pasar por opositores políticos. También menciona contactos con personal estadounidense, extremo que no ha sido corroborado por investigaciones públicas.

En materia electoral, Carvajal se refiere a la empresa Smartmatic como un sistema que, en su opinión, podía ser manipulado, y afirma que vínculos técnicos y operativos habrían sido trasladados al extranjero. Asegura que esta tecnología fue empleada para influir en procesos electorales fuera de Venezuela, aunque no ofrece detalles técnicos verificables y sus afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades electorales estadounidenses.

La carta concluye con un mensaje dirigido a la ciudadanía estadounidense en el que Carvajal afirma que estas operaciones representarían una amenaza para la seguridad nacional, y señala que las políticas impulsadas por la administración Trump hacia Venezuela serían, a su juicio, necesarias frente a ese escenario. También expresa su disposición a colaborar con más información si fuese solicitada.

Las declaraciones de Carvajal no han sido verificadas de manera independiente y se basan en su testimonio personal tras declararse culpable en Estados Unidos. No existen pronunciamientos oficiales recientes que confirmen o nieguen los detalles expuestos en la carta, que tendrá previsiblemente repercusiones en el debate político y de seguridad regional.

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Comisión de Miami-Dade aprueba resolución que facilita los referendos revocatorios; activistas evalúan impulsar proceso contra la alcaldesa

La Comisión del condado Miami-Dade aprobó este martes una resolución que restablece plenamente la autoridad de la Oficina de la Supervisora de Elecciones para gestionar solicitudes de referendos revocatorios. La medida, adoptada sin discusión, elimina barreras administrativas que durante casi un año habían retrasado este tipo de procesos debido a un vacío de competencias.

La Supervisora de Elecciones, Alina García, explicó a Telemundo 51 que los requisitos del procedimiento no cambian: las solicitudes deben iniciarse ante el Secretario de Cortes y, una vez aprobadas, quienes las promuevan disponen de 120 días para reunir las firmas necesarias distribuidas proporcionalmente por todo el condado, sin que más del 25% proceda de un mismo distrito.

El número de firmas exigidas corresponde al 4% de los votantes registrados al momento de aprobarse la solicitud. Con más de 1.2 millones de electores en Miami-Dade, serían necesarios 51,032 respaldos válidos para activar un referéndum revocatorio.

Voces a favor del revocatorio

A la reunión asistieron ciudadanos que expresan su intención de activar este mecanismo. Entre ellos, Isel Rodríguez, quien cuestionó la gestión económica del condado y abogó por la posibilidad de someter a votación la continuidad del mandato de la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Respuesta del entorno de la alcaldesa

La alcaldesa Daniella Levine Cava declinó hacer comentarios. Sin embargo, su asesor político Christian Ulvert calificó estos esfuerzos como una maniobra política liderada por “un candidato perpetuo fracasado”, señalando que Levine Cava continúa siendo “la líder electa más popular del sur de Florida”, según encuestas internas.

Una resolución que despeja el camino, pero sin procesos activos

De acuerdo con la Oficina de la Supervisora de Elecciones, la alcaldesa firmó una exención de veto, permitiendo que la regulación entre en vigor inmediatamente.

Hasta el cierre de este informe, no existe una solicitud formal para iniciar un referéndum revocatorio contra Levine Cava. Sin embargo, la aprobación de esta resolución allana el terreno para que futuros grupos ciudadanos, activistas o figuras públicas puedan presentar sus peticiones sin los retrasos administrativos que habían generado cuestionamientos en el último año.

#CubaHerald #MiamiDade #Elecciones #Revocatorio #DaniellaLevineCava #Otaola #GobiernoLocal

URGENTE: Trump ordena una pausa migratoria que afecta directamente a los cubanos — se detienen procesos de green cards, asilo y ciudadanía para 19 países

La administración del presidente Donald Trump activó una suspensión inmediata de múltiples trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba, lo que ha provocado alarma entre abogados, solicitantes y comunidades migrantes en todo Estados Unidos. La pausa llega tras el tiroteo en Washington D.C. en el que un solicitante de asilo afgano fue acusado de matar a un miembro de la Guardia Nacional, hecho que la Casa Blanca ha usado para endurecer aún más su política migratoria.

Fuentes dentro del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmaron que la agencia ha cancelado sin previo aviso entrevistas, juramentos de ciudadanía, evaluaciones de ajuste de estatus y revisiones de casos pendientes. En numerosos expedientes, las citas han desaparecido del sistema, dejando a miles de personas sin información oficial y sin una fecha de reprogramación.

¿Qué está ocurriendo?

Abogados de inmigración han reportado:

  • Entrevistas para green cards eliminadas del sistema horas antes de realizarse.
  • Ceremonias de ciudadanía suspendidas, incluso para personas que ya estaban en el edificio federal.
  • Casos de venezolanos, iraníes, somalíes y cubanos con cancelaciones masivas.
  • Solicitudes que llevaban meses o años en proceso han quedado en pausa total.

Los 19 países afectados

Cuba, Haití, Venezuela, Irán, Sudán, Somalia, Yemen, Afganistán, Myanmar, Libia, Eritrea, Chad, Sierra Leona, Togo, Laos, Turkmenistán, Burundi, Guinea Ecuatorial y República del Congo.

Impacto inmediato y sin precedentes

  • Más de 1.5 millones de solicitantes de asilo pendientes podrían resultar perjudicados.
  • Más de 50,000 refugiados y asilados aprobados bajo la administración Biden serían reevaluados desde cero.
  • USCIS advirtió que “nada está fuera de la mesa”, dejando abierta la posibilidad de revisiones profundas, nuevas entrevistas y hasta revisitación de decisiones ya tomadas.

Abogados alertan un colapso del sistema

Abogadas consultadas por medios nacionales han descrito un panorama crítico:

  • La abogada Ana María Schwartz advirtió: “Todo está detenido. Esto es un embotellamiento total y va a empeorar.”
  • La abogada Elissa Taub confirmó: “No es un caso aislado. Venezolanos, iraníes y cubanos están viendo canceladas sus ceremonias de ciudadanía.”

Impacto para los cubanos

Cuba está entre los países incluidos en la pausa, lo que afecta directamente:

  • Ajuste de estatus por familiares o peticiones aprobadas
  • Solicitudes de residencia permanente (green card)
  • Procesos de naturalización
  • Cambios y extensiones de estatus
  • Citas en oficinas locales de USCIS
  • Ceremonias de juramento
  • Expedientes que ya estaban programados o a punto de cerrarse

La medida no tiene fecha de expiración, y funcionarios han indicado que podría ampliarse o endurecerse.

Una decisión percibida como una traición para la comunidad cubanoamericana

El golpe ha sido especialmente duro para miles de cubanos que confiaban en la estabilidad de sus procesos migratorios. En redes sociales, activistas y abogados señalan que esta decisión representa una ruptura histórica con la política migratoria tradicional hacia Cuba, afectando a quienes ya están establecidos legalmente en Estados Unidos y que nunca habían sido objeto de suspensiones de este tipo.

La comunidad cubana, tradicionalmente aliada del Partido Republicano, interpreta esta medida como un acto de traición que pone en riesgo a familias completas, residentes legales y solicitantes protegidos por la Ley de Ajuste Cubano y otros beneficios.

La Casa Blanca no ha informado cuánto durará la suspensión ni cuáles serán los siguientes pasos.

Con información del periodista Mario J Pentón

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TSA impondrá una tarifa de $45 a los viajeros que no presenten identificación REAL ID a partir de 2026

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció que, desde el 1 de febrero de 2026, los pasajeros que lleguen a los aeropuertos de Estados Unidos sin una identificación REAL ID deberán pagar una tarifa de 45 dólarespara poder completar el proceso alternativo de verificación de identidad. La medida, reportada inicialmente por Martí Noticias y explicada por el periodista Mario Pentón, busca acelerar la transición hacia el uso obligatorio de este documento.

El REAL ID —una licencia o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales reforzados tras los atentados del 11 de septiembre— es obligatorio desde mayo de este año. Sin embargo, hasta ahora se ha permitido a los viajeros sin esta credencial pasar por los controles de seguridad mediante verificaciones adicionales y advertencias formales.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 94% de los pasajeros ya cumple con la normativa. La nueva tarifa pretende reducir el número restante de viajeros fuera de conformidad y agilizar el proceso de seguridad en los aeropuertos.

La verificación alternativa se realizará a través del sistema Confirm.ID, operado por la TSA. El pago de la tarifa no garantiza el acceso al vuelo: si la identidad del pasajero no puede validarse satisfactoriamente, el viajero podría ser rechazado en el punto de control. Cuando la verificación tenga éxito, será válida para un período de 10 días, lo que permitirá al pasajero abordar vuelos adicionales dentro de ese lapso sin nuevos pagos.

El cargo de $45 podrá abonarse en línea antes de dirigirse al aeropuerto o directamente en la terminal antes de entrar a seguridad. La TSA advierte que este procedimiento podría demorar hasta 30 minutos, razón por la cual recomienda llegar con suficiente antelación.

Aunque la agencia originalmente propuso una tarifa de 18 dólares, la incrementó tras determinar que el programa alternativo de verificación sería más costoso de lo previsto.

Documentos aceptados por la TSA a partir de febrero de 2026

Entre las identificaciones válidas se encuentran:

  • Licencias de conducir o tarjetas estatales REAL ID-compliant
  • Licencias de conducir mejoradas (Enhanced Driver’s License)
  • Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte
  • Tarjetas de programas de viajero de confianza (Global Entry, entre otros)
  • Identificaciones del Departamento de Defensa
  • Tarjeta de residente permanente (Green Card)
  • Tarjeta de cruce fronterizo
  • Identificación tribal reconocida a nivel federal
  • Tarjeta de pasaporte emitida por un gobierno extranjero

Visitantes extranjeros: ¿les aplica la nueva tarifa?

La normativa no afecta directamente a los viajeros extranjeros que lleguen a Estados Unidos. El REAL ID está dirigido a ciudadanos y residentes permanentes que vuelan dentro del país. Los visitantes internacionales deberán seguir presentando pasaporte válidovisa u otros documentos de entrada requeridos. En algunos casos, se les podría solicitar una segunda identificación, pero no estarán sujetos al cargo de verificación especial.

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Propuesta republicana busca prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos y obliga a elegir un solo país

El senador republicano Bernie Moreno, representante por Ohio y nacido en Colombia antes de naturalizarse estadounidense, ha presentado un proyecto de ley que podría redefinir por completo el concepto de ciudadanía en Estados Unidos. Su iniciativa plantea la prohibición total de la doble nacionalidad, obligando a quienes la poseen a decidir entre conservar la ciudadanía estadounidense o la de cualquier otro país.

La propuesta, bautizada como Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, introduce un cambio drástico en el sistema actual, donde la legislación permite que los ciudadanos mantengan varios pasaportes sin que ello afecte sus derechos. Moreno argumenta que esta libertad representa un riesgo, asegurando en declaraciones a medios conservadores que la ciudadanía debe ser un compromiso “exclusivo” con Estados Unidos.

El texto legislativo establece que cualquier estadounidense que obtenga una ciudadanía adicional perdería automáticamente la estadounidense. Para quienes ya tienen doble nacionalidad, el proyecto fija un plazo de un año para que renuncien a la otra ciudadanía o comuniquen por escrito al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) su intención de renunciar a la estadounidense. De no hacerlo, la ley presume que la persona ha decidido abandonar su vínculo legal con EE.UU.

Además, la iniciativa exige la creación de nuevos registros y sistemas de control por parte del Departamento de Estado y del DHS con el propósito de identificar y monitorear a quienes mantienen doble ciudadanía. También obliga a que aquellos que pierdan la nacionalidad estadounidense sean tratados ante la ley como ciudadanos extranjeros, sin excepciones especiales.

El contexto político es clave: el proyecto surge en medio de un clima marcado por políticas migratorias más severas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. Aunque la Casa Blanca ha centrado su agenda en temas como la inmigración irregular o el cuestionamiento del derecho de ciudadanía por nacimiento, la doble nacionalidad no había sido el foco de un debate tan directo hasta ahora.

Expertos en derecho constitucional advierten que esta propuesta podría enfrentarse a serios obstáculos legales, recordando que la Corte Suprema limitó hace décadas la capacidad del gobierno federal para retirar la ciudadanía sin el consentimiento voluntario de la persona. Obligar a un ciudadano a renunciar a su nacionalidad estadounidense por conservar un segundo pasaporte podría contravenir principios constitucionales ya establecidos.

La medida, además, tendría un impacto profundo en millones de ciudadanos naturalizados o nacidos en el extranjero que mantienen vínculos familiares, económicos o culturales con otros países. Para muchas comunidades migrantes, la doble nacionalidad es un puente imprescindible; eliminarla supondría decisiones difíciles y en algunos casos traumáticas.

A nivel político, no es la primera vez que legisladores republicanos impulsan iniciativas para limitar o vigilar la doble ciudadanía. Proyectos previos en la Cámara de Representantes buscaban obligar a revelar ciudadanías extranjeras o incluso impedir que quienes las posean aspiren a ciertos cargos públicos.

Con esta nueva propuesta, Moreno reabre un debate nacional sobre identidad, pertenencia y los límites del Estado en materia de ciudadanía. De avanzar, la medida podría transformar profundamente la relación entre Estados Unidos y millones de sus propios ciudadanos.

#CubaHerald #EstadosUnidos #DobleNacionalidad #BernieMoreno #Política #Migración

Trump sugiere que desnaturalizaría a ciertos ciudadanos si la ley se lo permitiera

El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de controversia al afirmar que, si tuviera la potestad legal, revocaría la ciudadanía a determinados ciudadanos naturalizados, especialmente a quienes califica como “criminales”. Las declaraciones, recogidas por ABC News, profundizan la línea dura que su administración mantiene desde su retorno al poder y han generado un fuerte debate entre expertos constitucionales, legisladores y organizaciones de derechos civiles.

Durante un intercambio con periodistas, Trump reconoció no estar seguro de que la Constitución le permita retirar la ciudadanía sin un proceso judicial, pero insistió en que, de poder hacerlo, actuaría sin titubeos. «Lo haría absolutamente», aseguró, señalando directamente a personas que, según él, obtuvieron la naturalización bajo la administración Biden sin los controles adecuados. En este marco, volvió además a emplear una retórica despectiva hacia comunidades inmigrantes, particularmente ciudadanos estadounidenses de origen somalí, a quienes criticó mediante generalizaciones que han sido ampliamente cuestionadas por expertos y defensores de derechos civiles.

El discurso presidencial ocurre mientras la Casa Blanca evalúa una revisión profunda de los procesos migratorios, con la posible ampliación de verificaciones, restricciones a programas humanitarios y eventuales revisiones a historiales de naturalización. Estas señales han aumentado la ansiedad entre comunidades inmigrantes ante lo que interpretan como un intento de presentar la ciudadanía como un estatus “condicional”.

No obstante, la Constitución de Estados Unidos impone límites claros. La Decimocuarta Enmienda garantiza que ninguna persona nacida o naturalizada en el país puede perder su ciudadanía de forma arbitraria. La única vía legal para anularla es demostrar fraude en el proceso de naturalización, lo que requiere un juicio completo y la intervención de un tribunal federal. Expertos en derecho constitucional sostienen que cualquier intento del Ejecutivo de proceder unilateralmente chocaría con décadas de jurisprudencia y provocaría una ola de litigios de altísimo impacto.

Actualmente, más de 23 millones de ciudadanos naturalizados residen en Estados Unidos. Aunque no existe —por ahora— ninguna política concreta que busque revocar ciudadanías, organizaciones como la ACLU advierten que este tipo de declaraciones refuerza la percepción de que el estatus de ciudadano pudiera ser cuestionado por motivos políticos, afectando directamente la estabilidad emocional y social de millones de personas.

En paralelo a esta escalada retórica, la administración anunció que Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, viajará a Moscú para explorar posibles vías de negociación entre Rusia y Ucrania. Este movimiento diplomático, de enorme relevancia geopolítica, quedó prácticamente eclipsado por el debate migratorio, evidenciando el nivel de tensión interna que generan las políticas del Ejecutivo.

Las reacciones en el Congreso han sido inmediatas: sectores republicanos respaldaron al presidente, mientras que los demócratas denunciaron un “ataque frontal” a los principios constitucionales y a los derechos civiles. Analistas consideran que Trump busca consolidar a su base electoral con un mensaje de firmeza frente a la inmigración, un eje central de su agenda.

En una nación profundamente polarizada, estas declaraciones reafirman la estrategia de la administración: combinar posturas migratorias de máxima dureza con movimientos diplomáticos de alto nivel en el escenario internacional. Aunque la ley impide, por ahora, cualquier intento de desnaturalización discrecional, la retórica tiene un impacto real: alimenta el debate, profundiza divisiones y cuestiona pilares fundamentales del sistema migratorio estadounidense.

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Cubanos alertan sobre posibles revisiones y suspensiones de residencia al reingresar a Estados Unidos

Miami. – El testimonio de un cubano residente en Estados Unidos ha encendido las alarmas en la comunidad migrante ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses estén aplicando controles más estrictos y procedimientos discrecionales que podrían derivar en suspensiones de residencia para determinados viajeros.

Según relató el afectado a CubaHerald, tras regresar de un viaje a Costa Rica fue conducido a una entrevista secundaria al llegar al aeropuerto. Allí, dos agentes lo sometieron a un interrogatorio exhaustivo y le informaron —siempre según su testimonio— que “en lo adelante verificarán a cada cubano residente que entre al país”.

El viajero aseguró que los oficiales revisaron detalladamente su pasaporte para comprobar si había viajado a Cuba recientemente y le pidieron documentos que acreditaran su entrada previa a Estados Unidos. Como no los tenía consigo, se vio obligado a explicar paso a paso cómo fue su detención tras cruzar la frontera el día que llegó al país.

Lo más preocupante para él fueron las advertencias recibidas al final de la entrevista. Los agentes, afirma, le recomendaron no volver a salir de Estados Unidos, y le dijeron que “van a revisar todas las residencias y suspender muchas a discreción de cada oficial”. También señaló que el trato fue “duro” y que respondió a un alto número de preguntas sobre su historial migratorio.

El ciudadano que compartió este testimonio es conocido por quien lo difundió y no tendría, según afirma, motivo alguno para mentir. El relato, aunque individual y sin confirmación oficial, coincide con la inquietud creciente entre cubanos que poseen residencia otorgada tras entradas irregulares, parole humanitario, asilo pendiente o procesos migratorios no finalizados.

Expertos en inmigración consultados en ocasiones similares suelen advertir que los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen autoridad para revisar el estatus de cualquier residente cada vez que reingresa al país, especialmente cuando existen elementos que puedan interpretarse como inconsistencias en la solicitud migratoria o señales de abandono de residencia.

En ausencia de una declaración pública por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, el consejo general para quienes poseen residencia reciente o condicionada continúa siendo el mismo: evaluar cuidadosamente cualquier viaje al extranjero y consultar con un abogado de inmigración antes de salir del país, particularmente si se ha ingresado por frontera, se tiene un caso abierto o existen viajes previos a Cuba que puedan generar dudas durante la inspección.

La comunidad cubana sigue atenta, mientras circulan más testimonios que reflejan preocupación ante el posible endurecimiento de los criterios aplicados por los oficiales migratorios al evaluar la continuidad o suspensión del estatus de residencia.

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Tiroteo en fiesta infantil en Stockton deja cuatro fallecidos y más de una docena de heridos

Un violento tiroteo ocurrido la noche del 29 de noviembre en la ciudad de Stockton, en el estado de California, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y al menos 19 heridos de bala, según las primeras confirmaciones de las autoridades locales. El ataque tuvo lugar durante una fiesta infantil celebrada en un salón de banquetes ubicado en la cuadra 1900 de Lucille Avenue, cerca de Thornton Road, en el área de South Stockton, una zona que ya ha registrado episodios previos de violencia armada.

Los testigos describieron la escena como un panorama de pánico generalizado, con múltiples disparos que provocaron la huida desordenada de los asistentes, entre ellos varios menores que quedaron atrapados en medio del caos. Las llamadas de emergencia comenzaron a recibirse poco después de iniciada la balacera, movilizando a un amplio número de equipos policiales y de rescate.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que el lugar fue tratado como una escena activa durante varias horas, mientras se aseguraban las instalaciones y se restringía el tránsito en las calles adyacentes. Las autoridades pidieron a los residentes mantenerse alejados del área ante la posibilidad de que los responsables continuaran armados y en fuga.

En la operación de respuesta participaron diversas agencias estatales y locales, entre ellas la Policía de la Universidad del Pacífico (UOP), la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y unidades de la Autoridad del Agua del Delta, que brindaron apoyo logístico en el perímetro de seguridad.

Hasta el cierre de este reporte, el o los sospechosos permanecen prófugos, y la policía no ha ofrecido detalles sobre el posible motivo del ataque ni sobre la cantidad exacta de tiradores implicados. La investigación se mantiene abierta y las autoridades trabajan en la revisión de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los hechos.

La comunidad de Stockton, golpeada en los últimos años por episodios recurrentes de violencia con armas de fuego, enfrenta ahora una nueva tragedia que afecta directamente a familias y niños que asistían a una celebración privada.

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Trump ordena el cierre total del espacio aéreo venezolano en medio de una escalada de tensiones

El presidente de Estados UnidosDonald Trump, anunció este sábado el cierre absoluto del espacio aéreo de Venezuela, una medida que profundiza el deterioro de las relaciones entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro, y que incrementa el aislamiento internacional del país sudamericano.

El anuncio fue realizado a través de la red social Truth Social, donde el mandatario emitió un mensaje directo dirigido tanto a aerolíneas como a pilotos y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y trata de personas. Trump pidió considerar “cerrado completamente” el espacio aéreo venezolano y sus zonas adyacentes, sin ofrecer detalles técnicos pero dejando claro el carácter inmediato de la disposición.

La decisión se produce días después de una advertencia emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), que alertó sobre crecientes riesgos para aeronaves civiles debido al aumento de la actividad militar y al deterioro de la seguridad operativa en territorio venezolano. Esa advertencia motivó que múltiples aerolíneas internacionales suspendieran temporalmente sus vuelos hacia y desde Venezuela, dejando un panorama aéreo casi vacío sobre la nación.

Entre las compañías que han detenido operaciones se encuentran AviancaAir EuropaIberiaTAP Air PortugalLatam AirlinesTurkish AirlinesCaribbean AirlinesGolPlus Ultra y la venezolana Estelar. Plataformas de monitoreo de tráfico aéreo muestran un espacio aéreo prácticamente desierto, reflejo del impacto inmediato de las alertas de seguridad.

El gobierno de Caracas respondió revocando permisos de operación a varias de estas aerolíneas, acusándolas de ceder a presiones externas. Sin embargo, la nueva orden de Trump eleva el escenario a un nivel claramente político, al establecer un cierre total dispuesto directamente desde la Casa Blanca, más allá de las recomendaciones técnicas de la FAA.

Este movimiento coincide con un incremento notable de la presencia militar estadounidense en el Caribe sur, así como con ejercicios aéreos próximos a las costas venezolanas. La administración Trump ha reforzado su discurso sobre la lucha contra el narcotráfico, en particular contra el llamado Cartel de los Soles, recientemente catalogado por Washington como Organización Terrorista Extranjera.

El contexto diplomático también suma nuevos matices. Según una investigación publicada por el New York Times, en días recientes habría ocurrido una conversación telefónica entre Trump y Maduro, supuestamente para discutir la posibilidad de un encuentro. En esa llamada habría participado también el secretario de Estado Marco Rubio. No obstante, fuentes estadounidenses insisten en que la política hacia Venezuela no variará y que el objetivo sigue siendo presionar para una salida de Maduro del poder.

En ese sentido, Trump adelantó que su gobierno evalúa operaciones terrestres dirigidas a desmantelar estructuras del narcotráfico vinculadas al régimen venezolano, aunque no ofreció detalles sobre plazos ni alcance de dichas acciones.

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Trump endurece su ofensiva migratoria tras ataque contra miembros de la Guardia Nacional en Washington

El presidente Donald Trump ha intensificado de manera notable su agenda migratoria tras el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en las cercanías de la Casa Blanca, un incidente que ha provocado la puesta en marcha de una investigación federal interinstitucional y ha reforzado el discurso de seguridad nacional de la actual administración.

En un mensaje dirigido al país desde su residencia de Mar-a-Lago durante el Día de Acción de Gracias, el mandatario presentó el hecho como evidencia de que Estados Unidos continúa expuesto a la entrada de migrantes “sin verificar” y “no deseados”, expresiones que han generado un fuerte impacto político y mediático. Trump afirmó que su prioridad inmediata es “detener permanentemente la inmigración” procedente de países del Tercer Mundo, una tesis que ya formaba parte central de su plataforma electoral.

El presunto autor del ataque, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó al país en 2021 bajo la llamada “Operación Bienvenidos Aliados”, había solicitado asilo en 2024, beneficio que le fue concedido por el propio Gobierno de Trump en abril de 2025. Antes de emigrar, Lakanwal colaboró con fuerzas estadounidenses, incluida la CIA, y según altos funcionarios citados por CNN, no presentaba antecedentes negativos previos a su ingreso.

El ataque, en el que uno de los soldados falleció, ha sido utilizado por la administración para justificar una revisión profunda del sistema migratorio. Poco después del incidente, el presidente culpó a su predecesor por haber permitido la entrada del afgano y ordenó un reevaluación exhaustiva de las green cards emitidas a ciudadanos de 19 países incluidos en una proclamación presidencial previa, entre ellos Afganistán, Irán, Haití, Cuba y Venezuela.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que, siguiendo las directrices presidenciales, los oficiales migratorios podrán considerar “factores específicos de cada país” como elementos negativos de peso en los procesos migratorios. También anunció la suspensión temporal de decisiones de asilo, bajo el argumento de garantizar revisiones más rigurosas en todos los casos pendientes.

La administración ha complementado estas acciones con redadas del ICE en ciudades como Chicago y Los Ángeles, la paralización del programa de refugiados y nuevas directrices para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a beneficios tributarios federales, según informó el secretario del Tesoro Scott Bessent.

Mientras tanto, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas para titulares de pasaportes afganos, en un contexto de creciente preocupación por la retórica dirigida hacia esa comunidad. Organizaciones humanitarias advirtieron que estas medidas podrían estigmatizar a más de 190.000 afganos reasentados en el país desde 2021.

El debate ha alcanzado un nivel especialmente tenso tras declaraciones de Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump. Miller afirmó que “importar migrantes es importar sociedades”, una expresión que generó fuertes críticas por su carácter generalizador hacia comunidades enteras.

Pese a las controversias, los aliados políticos del mandatario han respaldado sus decisiones. Voceros de grupos conservadores describieron las medidas como “políticamente populares” y coherentes con las promesas realizadas durante la campaña presidencial.

Los procesos de revisión migratoria continúan en desarrollo, mientras aumentan las interrogantes sobre el alcance real de estas políticas y su impacto en cientos de miles de solicitantes de asilo y residentes permanentes legales que ahora están bajo escrutinio adicional.

Con información de CNN

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Trump anuncia que la acción terrestre de EE.UU. contra redes de narcotráfico en Venezuela podría comenzar “muy pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante una llamada de Acción de Gracias con miembros de las Fuerzas Armadas que el Gobierno se prepara para dar un nuevo paso en su campaña contra las redes de narcotráfico venezolanas, anticipando que las operaciones terrestres comenzarían “muy pronto”. La información fue reportada por CNN, medio que tuvo acceso al contenido de la comunicación oficial.

De acuerdo con la cadena estadounidense, Trump agradeció a los militares por su labor en el mar Caribe, señalando que los esfuerzos recientes han forzado a los narcotraficantes a cambiar sus rutas. “Ya casi nadie quiere enviar por mar”, dijo el mandatario, antes de agregar que Washington también comenzará a interceptarlos por tierra, un escenario que calificó como “más fácil”.

El presidente aprovechó la intervención para enviar un mensaje directo: “Les advertimos: dejen de enviar veneno a nuestro país”, en referencia al flujo de sustancias ilícitas procedentes de territorios venezolanos.

El reporte de CNN, firmado por la periodista Alejandra Jaramillo, subraya que estas declaraciones llegan tras múltiples reuniones de seguridad y en medio de un notable incremento de la presencia militar estadounidense en la región. Más de una docena de buques de guerra y alrededor de 15.000 soldados han sido desplegados bajo la Operación Lanza del Sur, iniciativa mediante la cual Estados Unidos afirma haber neutralizado a más de 80 personas en ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

La escalada diplomática y militar ocurre pocos días después de que Trump designara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a colaboradores de su Gobierno como integrantes de una organización terrorista extranjera, etiquetando al llamado “Cártel de los Soles”. Esta medida permite nuevas sanciones sobre activos relacionados con el chavismo, aunque, según expertos citados por CNN, no autoriza explícitamente el uso de fuerza letal en territorio venezolano.

Pese a las afirmaciones públicas, CNN recuerda que funcionarios estadounidenses dijeron recientemente a legisladores —en una sesión clasificada— que Estados Unidos no planea, por ahora, lanzar ataques dentro de Venezuela, debido a la falta de una base legal que respalde operaciones terrestres. Una opinión jurídica del Departamento de Justicia solo cubre ataques contra embarcaciones sospechosas, no operaciones en suelo venezolano.

No obstante, los funcionarios consultados no descartaron acciones futuras, y la administración Trump ha evitado involucrar al Congreso en su estrategia militar regional. CNN también reporta que un alto funcionario del Departamento de Justicia aseguró que el Ejecutivo puede continuar con ataques letales contra presuntos narcotraficantes sin aprobación legislativa ni sujeción estricta a la Ley de Poderes de Guerra, vigente desde hace décadas.

El escenario abre interrogantes sobre la evolución de la política estadounidense hacia Venezuela, en un contexto marcado por tensiones crecientes, advertencias cruzadas y la posibilidad —aún imprecisa— de una operación en tierra que elevaría significativamente el nivel de confrontación regional.

#EstadosUnidos #Venezuela #Narcotráfico #Trump #CNN

Ataque armado cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos de gravedad

Un violento incidente armado ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C., dejó gravemente heridos a dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, según confirmaron reportes preliminares consultados por CubaHerald, medio digital altamente confiable. Los efectivos fueron trasladados a hospitales distintosdebido a la severidad de las lesiones, mientras las autoridades activaron un operativo de seguridad de alto nivel en una de las zonas más sensibles del país.

El presunto atacante también resultó gravemente herido y se encuentra bajo custodia federal. Aunque la identidad del sospechoso aún no ha sido revelada, las agencias involucradas —incluyendo el Servicio Secreto, la Policía Metropolitana y el FBI— mantienen un nivel máximo de alerta mientras se investigan las motivaciones del ataque.

El presidente Donald J. Trump reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales, calificando al agresor de “animal” y advirtiendo que “pagará un precio muy alto”. En su mensaje, expresó:

“El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”.

El ataque, ocurrido a muy poca distancia del complejo presidencial, ha generado inquietud dentro de la comunidad de seguridad nacional, que considera la zona como uno de los puntos de mayor protección federal en el país.

Por el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre el arma utilizada, la ruta del sospechoso ni si existían alertas previas relacionadas con el incidente. La investigación continúa abierta.

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Detienen a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron recientemente a Bruna Caroline Ferreira, ciudadana brasileña vinculada de manera indirecta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Según confirmaron fuentes cercanas al caso y el propio hermano de la funcionaria, Michael Leavitt, Ferreira es la madre del sobrino de la portavoz presidencial.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la catalogó como una “extranjera ilegal criminal”, alegando que permaneció en el país tras el vencimiento de su visa de turista B2 en 1999 y mencionando un supuesto arresto previo por agresión. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, donde enfrenta un proceso de deportación en el marco de las políticas migratorias reforzadas por la administración Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem. “Todas las personas presentes ilegalmente en los Estados Unidos están sujetas a deportación”, señaló un portavoz oficial.

No obstante, la defensa de Ferreira rechaza de forma contundente esa caracterización. Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó a medios locales que su clienta no posee antecedentes penales y exigió que el gobierno presente pruebas que respalden sus afirmaciones. Aseguró además que Ferreira ingresó legalmente al país, obtuvo estatus de DACA y actualmente se encuentra en un proceso avanzado para obtener la residencia permanente. Según su versión, el arresto ocurrió en Massachusetts, sin orden judicial, cuando Ferreira conducía su vehículo. Ahora deberá enfrentar la audiencia migratoria en Luisiana, lejos de su hogar y de su círculo de apoyo.

El caso ha generado eco político debido al vínculo familiar con la vocera presidencial, aunque el hermano de Leavitt insistió en que Ferreira no mantiene relación con su hijo desde hace años y que el menor, de 11 años, ha vivido siempre bajo su cuidado en New Hampshire. La Casa Blanca ha evitado pronunciarse sobre el asunto.

De forma paralela, una campaña de recaudación lanzada presuntamente por la hermana de Ferreira sostiene que ella llegó al país siendo una niña en 1998. En su mensaje, Graziela Dos Santos Rodrigues describe a Bruna como una mujer trabajadora, solidaria y conocida por ofrecer ayuda cuando alguien la necesita.

El caso presenta dos narrativas totalmente opuestas: por un lado, la versión del gobierno federal, que la señala como inmigrante con historial criminal y décadas de irregularidad migratoria; y por el otro, la defensa, que la retrata como una madre trabajadora con trayectoria legal en Estados Unidos y pendiente de una residencia permanente.

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Arrestan a 31 manifestantes frente al Centro de Detención Krome por obstrucción de la vía en Miami-Dade

Las autoridades del condado Miami-Dade confirmaron el arresto de 31 personas durante una protesta realizada este sábado frente al Centro de Detención Krome, donde se concentran habitualmente manifestaciones contra las políticas migratorias y las operaciones de ICE.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff (MDSO), los arrestos se produjeron luego de que un grupo de manifestantes bloqueara la entrada principal del centro, desobedeciendo varias órdenes policiales para trasladarse hacia el área de césped, donde podían continuar la protesta sin interferir con el tránsito ni con las operaciones del recinto.

En las imágenes divulgadas por medios locales, algunos participantes portaban pañuelos palestinos, un detalle que ha generado debate sobre la naturaleza, la coordinación y los posibles vínculos políticos de la manifestación, que trascendió del reclamo migratorio al simbolismo de otros conflictos internacionales.

Las autoridades recordaron que, en el estado de Florida, la obstrucción de una carretera o de un acceso público sin autorización previa constituye un delito, lo que fundamentó la intervención policial registrada.

El caso reaviva el debate sobre los límites legales de las protestas, el manejo de las manifestaciones frente a instalaciones federales y el creciente cruce entre causas migratorias y discursos internacionales en el sur de la Florida.

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Florida endurece controles y sanciones por modificar o ocultar placas de vehículos: esto es lo esencial

Una reforma clave en las normas de tránsito de Florida entró en vigor el 1 de octubre de 2025 con la implementación de la ley HB 253, que endurece significativamente las sanciones para cualquier conductor que altere, manipule u oculte la matrícula de su vehículo. Lo que antes se trataba como una simple infracción de tráfico ahora puede convertirse en un delito penal, con consecuencias que van desde antecedentes hasta posibles penas de cárcel.

La nueva legislación busca frenar prácticas que, según las autoridades, se habían vuelto cada vez más comunes: cubiertas polarizadas que impiden la lectura de la placa, dispositivos que la giran para evadir peajes, láminas reflectivas que confunden cámaras y otros mecanismos utilizados tanto para evitar multas como para cometer delitos sin identificación.

El estado considera que estas modificaciones afectan directamente la seguridad pública y facilitan la impunidad en casos que van desde robos hasta agresiones cometidas desde vehículos sin visibilidad de matrícula.

Entre las acciones ahora prohibidas se incluyen cambiar el color de la placa, aplicar recubrimientos o tintes, instalar luces o aparatos que alteren su visualización, colocar cubiertas transparentes o ahumadas y utilizar mecanismos que la oculten o permitan intercambiarla. También se penaliza poseer, comprar, fabricar o vender dispositivos destinados a estos fines.

Las sanciones varían según la gravedad de la conducta. Alterar la placa o usar dispositivos para cubrirla constituye un delito menor de segundo grado, castigado con hasta 60 días de cárcel y multas de hasta 500 dólares. Quienes fabriquen o vendan estos aparatos enfrentan un delito menor de primer grado, con penas que pueden llegar a un año de prisión. Si el dispositivo se utiliza para cometer o facilitar un crimen, el conductor puede ser acusado de delito grave de tercer grado, sancionado con hasta cinco años de prisión y multas de 5.000 dólares.

La normativa recuerda además que las matrículas son propiedad del estado y deben ser devueltas cuando el vehículo se vende, se cancela el seguro o se deja de usar. No entregarlas puede generar la suspensión de la licencia y otros problemas administrativos. La devolución puede hacerse en oficinas de vehículos motorizados, recaudadores de impuestos o enviándose por correo a la dirección oficial del FLHSMV en Tallahassee.

La ley incorpora además disposiciones adicionales, como sanciones severas contra quienes utilicen luces policiales falsas, alteren pegatinas de registro o manipulen placas temporales, con el objetivo de cerrar vacíos que permitían evadir controles y sistemas automatizados.

El endurecimiento de estas medidas marca un cambio importante en la política de seguridad vial del estado, que busca combatir tanto la evasión de peajes como el uso de vehículos para actividades delictivas sin trazabilidad adecuada.

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Marjorie Taylor Greene anuncia su renuncia al Congreso tras una etapa marcada por polémicas, rupturas y un deterioro público de su relación con Donald Trump

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, representante por Georgia y figura emblemática del ala más radical del Partido Republicano, anunció que dejará su escaño el 5 de enero de 2026, poniendo fin a un periodo legislativo de cinco años que inició con una lealtad férrea hacia Donald Trump y concluye con el propio presidente calificándola de “traidora”.

En un video difundido en sus redes, Greene expresó que su renuncia responde al profundo desgaste sufrido dentro del Congreso y dentro de su propio partido. Afirmó haber sido “despreciada en Washington” y aseguró que nunca logró encajar en la dinámica política de la capital estadounidense. Subrayó que, pese a mantener su apoyo a Trump en la mayoría de asuntos, consideraba “injusto e incorrecto” que el presidente la atacara por discrepar en temas puntuales.

Greene insistió en que la lealtad “debería ser recíproca” y recordó que los congresistas tienen la obligación de representar a sus distritos, incluso si algunas posiciones no coinciden plenamente con el liderazgo del partido o de la Casa Blanca.

Su salida pone fin a una trayectoria corta pero intensamente mediática: desde sus inicios como promotora de teorías conspirativas —incluyendo posturas que la vincularon con el movimiento QAnon— hasta su ascenso al círculo cercano del expresidente Kevin McCarthy durante su presidencia de la Cámara de Representantes.

La congresista enfrentó expulsiones tempranas de comités legislativos, duros enfrentamientos con demócratas y denuncias por su retórica extremista. Todo ello no impidió que se convirtiera en una recaudadora de fondos eficaz dentro de las bases del movimiento MAGA.

El punto de quiebre definitivo llegó en los últimos meses, cuando Greene presionó para divulgar los llamados archivos Epstein, una postura contraria al deseo de Trump de evitar reabrir el tema. Paralelamente, sus críticas a la política republicana ante el cierre del gobierno y su postura sobre el conflicto en Gaza la alejaron aún más del presidente.

La ruptura se convirtió en pública cuando Trump anunció que apoyaría a un rival contra ella en unas primarias y la llamó “traidora” al movimiento. Apenas una semana después, Greene decidió renunciar.

La renuncia de Marjorie Taylor Greene abre una nueva etapa para el ala más conservadora del Partido Republicano, que pierde a una de sus voces más estridentes en el Capitolio. Su salida deja interrogantes sobre el rumbo del movimiento MAGA en el Congreso y sobre el papel que ella misma buscará jugar fuera de la institución.

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