El Gobierno de Cuba anunció una nueva ampliación de la exención del Impuesto Aduanero para determinadas operaciones de importación, según la Resolución 21/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios publicada en la Gaceta Oficial. La medida busca aliviar la presión económica sobre sectores productivos en un escenario marcado por la escasez de insumos, la crisis energética y las dificultades de abastecimiento.

De acuerdo con la normativa, la exención se aplicará sin una fecha límite definida y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. El beneficio está dirigido fundamentalmente a importaciones destinadas a sostener procesos productivos, especialmente para MIPYMES, cooperativas y otras formas de gestión económica, que dependen en gran medida de insumos externos para mantener sus operaciones.

La disposición mantiene intactas las reglas para viajeros y envíos personales, por lo que no implica cambios directos para consumidores individuales. Sin embargo, se suma a políticas previas que ya liberaban de aranceles productos esenciales como alimentos, medicamentos y artículos de aseo, en un intento de mitigar el impacto de la prolongada crisis económica en la isla.

Expertos económicos señalan que, aunque la eliminación de aranceles reduce el costo inicial de importación, su efecto real en los precios finales dependerá de variables como el tipo de cambio, los costos logísticos y los márgenes comerciales internos. En un contexto de inflación, escasez y limitada producción nacional, la medida podría aliviar parcialmente la actividad empresarial sin garantizar necesariamente una reducción significativa para el consumidor.

La resolución prolonga beneficios otorgados desde 2024 y se fundamenta en disposiciones legales que permiten exenciones tributarias cuando las circunstancias económicas lo justifican. El objetivo declarado es sostener la producción interna, asegurar disponibilidad de bienes y estabilizar sectores económicos sensibles.

Analistas consideran que estas flexibilizaciones fiscales reflejan las tensiones estructurales de la economía cubana, donde la dependencia de importaciones y las restricciones financieras continúan condicionando el desarrollo productivo. Aunque la exención puede ofrecer oxígeno temporal a empresas y cooperativas, su eficacia a largo plazo dependerá de reformas económicas más profundas y de la evolución del contexto energético y comercial internacional.

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Una delegación oficial de Cuba, encabezada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, arribó a Moscú para sostener encuentros con el presidente Vladímir Putin y el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, según reportes difundidos por medios estatales rusos. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov calificó la reunión como «especial», aludiendo al difícil escenario económico y energético que enfrenta la isla y reiterando el rechazo de Moscú a las sanciones estadounidenses en materia energética.

El viaje se produce en un contexto marcado por la agudización de la crisis de combustible, limitaciones en el transporte y tensiones económicas internas que han impactado tanto la actividad productiva como la vida cotidiana. Para analistas internacionales, el acercamiento a Rusia busca consolidar cooperación en sectores estratégicos, incluida la energía, la logística y posibles mecanismos financieros alternativos.

Antes de su llegada a Moscú, el canciller cubano realizó una escala en Madrid, donde sostuvo conversaciones con el ministro español José Manuel Albares. De ese encuentro trascendieron compromisos de ayuda humanitaria española, centrados principalmente en alimentos y productos sanitarios. Sin embargo, no se anunciaron acuerdos concretos relacionados con el suministro de combustible, uno de los puntos más sensibles para la economía cubana en la actualidad.

Observadores consideran que esta doble agenda diplomática refleja la estrategia de La Habana de diversificar apoyos externos ante un panorama internacional complejo, aunque persisten interrogantes sobre el impacto real que estos contactos puedan tener en la recuperación económica y en la estabilización del sistema energético nacional.

La evolución de estos diálogos será seguida de cerca por actores regionales y europeos, especialmente en un momento en que la política energética, la cooperación internacional y la estabilidad social en Cuba continúan siendo factores clave del debate geopolítico.

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Diversos sectores de la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, han impulsado la campaña “¡Que se vayan!”, una iniciativa que plantea la necesidad de una transición política ordenada hacia un modelo democrático y la adopción de medidas para enfrentar la actual crisis económica y social.

Entre sus principales propuestas, la campaña incluye el alivio de la situación humanitaria, la liberación de personas consideradas presos políticos por organizaciones internacionales, la preservación de archivos oficiales y la promoción de cambios institucionales orientados a reformas políticas. También solicita a la comunidad internacional respaldo al proceso, incluyendo ayuda humanitaria independiente y seguimiento a la situación de derechos humanos.

Los promotores han habilitado una petición en línea para recoger firmas, además de mecanismos alternativos dirigidos a personas residentes en Cuba. Asimismo, convocan a difundir mensajes, textos y videos breves en redes sociales como forma de visibilizar la iniciativa.

El proyecto se inspira en propuestas previas de sectores opositores y plataformas cívicas que han defendido reformas políticas y económicas en la isla, incluyendo planteamientos relacionados con libertades civiles, actualización constitucional y eventuales procesos electorales.

Analistas señalan que este tipo de campañas refleja la persistencia de debates sobre el futuro político de Cuba, mientras el país continúa enfrentando desafíos económicos, energéticos y sociales que inciden en el clima político y en la percepción ciudadana.

Hasta el momento, autoridades cubanas no han emitido una reacción oficial específica sobre esta campaña, mientras el tema sigue generando discusión dentro de la diáspora y entre observadores internacionales.

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Un grupo de cubanoamericanos de visita en Cienfuegos protagonizó recientemente una protesta frente al Gobierno Provincial luego de denunciar incumplimientos relacionados con el alquiler de vehículos turísticos. Según reportó el medio Cuba Primero, los visitantes aseguran haber contratado autos a través de las empresas estatales TRANSTUR y CUBACAR con la promesa contractual de incluir 20 litros de combustible, beneficio que posteriormente no habría podido hacerse efectivo.

De acuerdo con los testimonios citados por esa fuente, al presentarse en estaciones CUPET para abastecerse, empleados informaron que no existe disponibilidad de combustible suficiente y que no pueden honrar lo estipulado por las compañías arrendadoras. La situación generó malestar entre los viajeros, quienes sostienen que se trata de un servicio vendido sin garantías reales.

Este episodio se produce en un contexto marcado por limitaciones energéticas, escasez de combustible y tensiones en el sector turístico, factores que diversos analistas consideran están afectando la percepción internacional del destino Cuba. Operadores del sector advierten que las afectaciones al turismo ya resultan visibles, tanto por dificultades logísticas como por la incertidumbre en servicios básicos asociados al visitante.

Mientras autoridades y empresas del sector buscan alternativas para sostener la actividad turística —considerada estratégica para la economía nacional—, episodios como este alimentan el debate sobre transparencia en la oferta de servicios, condiciones reales de infraestructura y confianza del visitante extranjero, aspectos clave para la recuperación del sector.

Fuente: CUBA PRIMERO

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La reciente convocatoria de la flotilla internacional “Nuestra América”, organizada por grupos de izquierda con el objetivo declarado de llevar ayuda humanitaria a Cuba, ha provocado reacciones inmediatas dentro del exilio cubano, especialmente en redes sociales, donde comenzó a circular la consigna “Si ellos entran, nosotros también”. El mensaje resume una demanda recurrente: que los cubanos emigrados tengan garantizado el derecho efectivo a entrar y salir libremente del país en igualdad de condiciones.

La iniciativa fue promovida por la activista Salomé García Bacallao y rápidamente encontró eco entre comunidades de emigrados que cuestionan las restricciones migratorias y administrativas que aún enfrentan muchos ciudadanos cubanos para regresar o residir temporalmente en la isla. Para estos sectores, resulta contradictorio que embarcaciones extranjeras puedan recibir autorización oficial para arribar con fines solidarios mientras persisten obstáculos para nacionales que desean volver.

Entre los organizadores internacionales de la flotilla figuran personalidades vinculadas a movimientos progresistas, como David Adler y el exlíder político británico Jeremy Corbyn, quienes han presentado la iniciativa como un gesto de solidaridad frente al embargo estadounidense y las dificultades económicas que atraviesa el país. Sin embargo, voces críticas dentro y fuera del exilio sostienen que la crisis actual responde en gran medida a problemas estructurales internos, decisiones económicas y gestión gubernamental, más allá del contexto externo.

El debate se ha desplazado así del terreno simbólico al político y jurídico, centrándose en cuestiones como la libertad de movimiento, el trato diferenciado entre extranjeros y nacionales, y la responsabilidad sobre la situación económica y social en la isla. Para muchos emigrados, la consigna surgida en redes sociales representa un reclamo de soberanía individual y derechos ciudadanos, más que una simple reacción coyuntural.

La discusión refleja tensiones persistentes entre narrativas internacionales de solidaridad, percepciones internas sobre la crisis y aspiraciones de la diáspora cubana, que continúa reclamando mayor participación, reconocimiento y garantías plenas de sus derechos como ciudadanos.

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