La reciente partida del opositor cubano José Daniel Ferrer García hacia Estados Unidos provocó un nuevo cruce de declaraciones entre Washington y La Habana, reflejando las profundas diferencias entre ambos gobiernos respecto a los derechos humanos y el tratamiento a la disidencia política en la isla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una declaración oficial en la que celebró la liberación de Ferrer, calificándola como el fin de “años de abusos, tortura y amenazas de muerte bajo la dictadura de La Habana”. Rubio describió al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) como “un símbolo del coraje y la resistencia del pueblo cubano frente a la opresión” y aseguró que su encarcelamiento respondió al temor del gobierno cubano ante su liderazgo.
“Nos complace que Ferrer se encuentre ahora libre de la opresión del régimen”, afirmó Rubio. “La Administración Trump reafirma su compromiso con la libertad del pueblo cubano, el fin de la tiranía y el respaldo a la democracia y los derechos fundamentales”.
El secretario añadió que Washington continuará exigiendo la liberación inmediata de los más de 700 presos políticosque —según datos de organizaciones independientes— permanecen encarcelados en Cuba, e instó a la comunidad internacional a demandar “responsabilidad y justicia” ante las violaciones cometidas en la isla.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) divulgó un comunicado en el que confirmó la salida de Ferrer y de varios miembros de su familia el 13 de octubre de 2025, con destino a Estados Unidos, “tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García”.
El texto subraya que la decisión fue resultado de un proceso legal “basado en las facultades que otorga la ley a las instituciones cubanas y en la evaluación exhaustiva realizada por la Fiscalía sobre la situación legal del ciudadano”. Según el MINREX, Ferrer cumplía una sanción de 4 años y 6 meses de privación de libertad, beneficio que le fue revocado en abril de 2025 por “reiterados quebrantamientos de las obligaciones impuestas por el tribunal”, y se hallaba bajo medida cautelar de prisión provisional al momento de su salida.
“El Estado cubano reitera su compromiso inquebrantable con la aplicación de la ley, la protección de los derechos de todas las personas y la defensa de nuestra soberanía frente a campañas de descrédito”, concluye el comunicado.
Las declaraciones ponen de relieve la distancia entre ambos países: Washington enmarca el caso Ferrer como una victoria moral frente a la represión política, mientras La Habana insiste en el respeto al debido proceso y en su derecho a actuar conforme a su legislación interna. El episodio se inscribe en un contexto de relaciones bilaterales tensas, donde la cuestión de los derechos humanos continúa siendo uno de los principales puntos de fricción.
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