La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió el 3 de febrero de 2026 una alerta de seguridad en la que advierte sobre el creciente deterioro de las condiciones básicas de vida en Cuba, marcado por la inestabilidad de la red eléctrica nacional, apagones prolongados y una escasez sostenida de combustible que impacta servicios esenciales y la movilidad.

Según la comunicación oficial, los cortes de electricidad —tanto programados como imprevistos— se registran a diario en todo el país, incluida La Habana. Estas interrupciones afectan directamente el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración de alimentos y medicinas, así como las comunicaciones, elevando los riesgos operativos para residentes y visitantes.

La alerta subraya además la escasez de combustible, que limita el transporte y genera largas filas en las gasolineras. Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales recurren a generadores eléctricos durante los apagones, la Embajada advierte que la falta de combustible puede impedir la continuidad de estos servicios, incluso en instalaciones críticas.

Ante este escenario, la sede diplomática recomienda tomar precauciones, incluyendo la conservación de combustible, agua y alimentos, así como mantener dispositivos móviles cargados y estar preparados para interrupciones significativas en la vida cotidiana.

En el plano de seguridad, la Embajada señala que ciudadanos estadounidenses han enfrentado rechazos de entrada al país y alerta sobre un incremento de protestas patrocinadas por las autoridades dirigidas contra Estados Unidos, acompañadas de retórica antiestadounidense. El aviso busca que quienes se encuentren en la isla o planeen viajar evalúen estos riesgos y adopten medidas preventivas.

La advertencia refleja un contexto de tensión sostenida y fragilidad de infraestructuras, con implicaciones prácticas para la población y para los visitantes extranjeros, en un momento en que la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos permanece bajo presión.

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Estados Unidos ha transmitido a varios países del Caribe una instrucción directa para que interrumpan los vínculos educativos con Cuba, en particular aquellos que permiten el envío de estudiantes a la isla para formarse en medicina y otras carreras, de acuerdo con declaraciones del primer ministro de Philip Pierre, jefe de Gobierno de Santa Lucía.

Según explicó el mandatario, la comunicación de Washington se produce en un contexto de revisión de los programas de cooperación impulsados desde La Habana, especialmente los relacionados con la formación y el despliegue internacional de profesionales de la salud. Autoridades estadounidenses han advertido que los países que mantengan este tipo de acuerdos podrían enfrentar restricciones migratorias, incluidas cancelaciones de visados, así como otras medidas de carácter diplomático.

El caso de Santa Lucía refleja un dilema compartido en la región. Durante décadas, numerosos países caribeños recurrieron a Cuba como alternativa para la formación de médicos y especialistas, ante la falta de infraestructura educativa propia. Sin embargo, Washington sostiene que el modelo cubano de cooperación médica y educativa presenta irregularidades estructurales, en particular en lo relativo a las condiciones laborales y a la administración de los salarios de los profesionales enviados al extranjero.

Desde la óptica estadounidense, estos esquemas implican retenciones salariales significativas por parte del Estado cubano, una práctica que ha sido señalada como incompatible con estándares laborales internacionales. Este argumento ha sido reiterado en foros diplomáticos y ha servido de base para la presión ejercida sobre gobiernos de la región.

En los últimos meses, varios países caribeños han comenzado a revisar o ajustar su relación con estos programas. Gobiernos como los de Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda han reconocido públicamente cambios en sus esquemas de cooperación, en parte para evitar posibles sanciones y preservar sus relaciones con Estados Unidos.

La situación pone de relieve las tensiones crecientes entre necesidades prácticas de los sistemas de salud caribeños y la presión internacional para modificar un modelo de cooperación que enfrenta cuestionamientos. Mientras algunos líderes regionales defienden estos acuerdos por razones históricas y de capacidad, otros admiten que el escenario actual obliga a buscar alternativas sostenibles que garanticen formación profesional y respeto a los derechos laborales, sin exponerse a consecuencias diplomáticas.

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El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, respondió públicamente a los actos de hostigamiento registrados en su contra y dejó claro que no modificará su agenda de recorridos ni sus encuentros con ciudadanos, pese a los intentos de intimidación.

En un mensaje difundido desde los canales oficiales de la representación diplomática estadounidense, Hammer señaló que continúa reuniéndose con cubanos y dialogando sobre sus preocupaciones, aspiraciones y expectativas de futuro, subrayando que estos intercambios directos forman parte esencial de su labor.

El diplomático también hizo referencia a un encuentro reciente con un líder religioso, al que describió como una experiencia inspiradora por su compromiso social y humano. Según relató, tras ese intercambio fue increpado verbalmente por un grupo reducido de personas, que le dirigieron insultos y expresiones ofensivas.

Sin entrar en descalificaciones personales ni mencionar estructuras concretas, Hammer afirmó que este tipo de comportamientos no representa al conjunto de la población, ni refleja el tono mayoritario de las conversaciones que mantiene durante sus visitas. En ese contexto, cuestionó la coherencia de quienes recurren al insulto mientras reclaman respeto como principio público.

La respuesta del funcionario estadounidense se produce después de que sectores oficialistas intentaran presentar estos episodios como reacciones populares espontáneas, una versión que contrasta con el propio testimonio del diplomático y con antecedentes de acciones organizadas de presión. Lejos de retroceder, Hammer reiteró que seguirá recorriendo el país y escuchando a los ciudadanos, reafirmando que la intimidación no alterará ese empeño.

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