El gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó públicamente al presidente Donald Trump por el reciente envío de 2.000 soldados de la Guardia Nacional a la ciudad de Los Ángeles, donde se desarrollan protestas tras redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Newsom denunció que los militares fueron enviados sin suministros básicos ni planificación logística, y calificó la acción como innecesaria y perjudicial para la estabilidad regional.
El mandatario estatal compartió imágenes en redes sociales donde se observa a efectivos durmiendo en el suelo, hacinados y sin condiciones adecuadas, lo que generó una ola de reacciones críticas. Afirmó que la movilización fue ordenada sin su consentimiento y sin coordinación previa, algo que no ocurría desde hace décadas. En su mensaje, acusó a Trump de usar la fuerza militar con fines políticos y de manipular la situación para proyectar una imagen de control ante el país.
El despliegue federal se produjo luego de dos días de tensión tras redadas masivas en zonas céntricas de Los Ángeles, donde ICE detuvo a más de un centenar de personas. Las manifestaciones derivadas de estas acciones incluyeron bloqueos, enfrentamientos con agentes federales y varios arrestos. Mientras tanto, el gobierno federal justifica la medida como una respuesta necesaria ante lo que califica de disturbios violentos, y defiende el uso de recursos militares para proteger instalaciones federales y garantizar el orden.
Ante estos hechos, California presentó una demanda legal contra el gobierno federal, cuestionando la legalidad de la federalización de la Guardia Nacional. Según las autoridades estatales, la acción no se ajusta a los criterios establecidos por la ley federal que permite el uso de tropas en situaciones extremas, y representa una posible violación a la soberanía del estado.
La situación sigue generando debate tanto a nivel político como social, con posturas encontradas entre quienes respaldan el uso de la fuerza para restaurar el orden y quienes lo consideran un exceso que amenaza las libertades civiles. Mientras las protestas continúan y se anuncian nuevas movilizaciones, el futuro inmediato de la actuación federal en California permanece incierto.
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