Camagüey, 8 de marzo de 2025 – Ayer, decenas de bicitaxeros y transportistas privados se congregaron frente a la sede del Gobierno Provincial de Camagüey para exigir que se les permita trabajar de manera legal. La manifestación se produjo en respuesta a la creciente presión de los inspectores estatales, quienes en los últimos días han intensificado operativos contra estos trabajadores, imponiendo multas que en algunos casos alcanzan los 16.000 pesos.
El sector del transporte privado ha sido históricamente una alternativa para la movilidad en ciudades como Camagüey, donde el servicio público es insuficiente y las dificultades con el combustible han empeorado la crisis del transporte. Sin embargo, en lugar de flexibilizar regulaciones para permitir su funcionamiento dentro de un marco legal, las autoridades han endurecido las restricciones, dejando a cientos de choferes en una situación de incertidumbre laboral.
Multas elevadas y falta de alternativas
Los trabajadores denuncian que la ofensiva contra bicitaxeros, cocheros y otros transportistas privados no solo limita su derecho a ganarse la vida, sino que también afecta a la población, que depende en gran medida de estos medios de transporte ante la escasez de opciones estatales. «Nos quieren quitar la posibilidad de trabajar, pero no nos ofrecen ninguna alternativa», comentó uno de los manifestantes, quien prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.
Las multas impuestas, que pueden alcanzar montos equivalentes a varios meses de salario promedio en Cuba, han generado indignación entre los afectados, quienes consideran que se trata de una medida desproporcionada que no toma en cuenta la realidad económica del país. «Si nos regulan, pagamos impuestos, pero que nos dejen trabajar», reclamó otro de los bicitaxeros presentes en la protesta.
Un problema sin solución aparente
A pesar de la presión ejercida por los manifestantes, hasta el momento las autoridades provinciales no han dado respuesta clara a sus demandas. La manifestación, que se desarrolló de manera pacífica, refleja el creciente descontento entre los trabajadores del sector informal, quienes enfrentan restricciones cada vez más severas en un contexto de crisis económica.
El conflicto entre las autoridades y los transportistas privados no es nuevo, pero las recientes medidas represivas parecen haber llevado la situación al límite. Mientras el transporte público sigue colapsado y la población sufre las consecuencias de la falta de alternativas, la negativa de las autoridades a regularizar a estos trabajadores genera más preguntas que respuestas.
El día de ayer dejó claro que la paciencia de los bicitaxeros de Camagüey se está agotando. Con pocas opciones legales y sin respuestas concretas, la pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrán resistir antes de que la desesperación los obligue a tomar medidas aún más drásticas.
