Una autopsia oficial del condado de El Paso determinó que el inmigrante cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, murió por homicidio mientras se encontraba detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el centro de detención Camp East Montana, en Texas. El dictamen forense contradice las versiones iniciales ofrecidas por autoridades federales sobre las circunstancias del fallecimiento.
De acuerdo con el informe del médico forense, la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso, ocurrida mientras Lunas Campos estaba inmovilizado por agentes. El reporte señala además lesiones en la cabeza y el cuello, incluidos vasos sanguíneos reventados, hallazgos incompatibles con un cuadro de emergencia médica espontánea.
La determinación forense incluye una aclaración legal relevante: la clasificación de “homicidio” describe la causa y manera de la muerte, pero no implica automáticamente responsabilidad penal ni sustituye una decisión judicial. Aun así, el dictamen no respalda la explicación posterior de las autoridades federales, que llegaron a calificar el fallecimiento como suicidio tras una primera versión que habló de una “emergencia médica”.
La familia de Lunas Campos denunció uso excesivo de la fuerza y, a través de su abogado Will Horowitz, confirmó que prepara una demanda por homicidio culposo. Asimismo, solicitó a un juez detener la deportación de dos posibles testigos que habrían presenciado los hechos, al considerar su testimonio clave para esclarecer lo ocurrido.
El informe forense indica que el detenido tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad, y detectó la presencia de trazodona e hidroxicina, medicamentos recetados comúnmente para tratar depresión y ansiedad. Estos hallazgos no alteran la conclusión principal sobre la causa de la muerte, según el documento.
ICE no respondió a solicitudes de comentarios sobre el informe. Desde la apertura del centro Camp East Montana en agosto, tres personas han muerto bajo custodia, un dato que ha intensificado el escrutinio público y las demandas de mayor transparencia y supervisión sobre las prácticas de detención.
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