Washington D.C., 12 de diciembre de 2025 — La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, compareció ayer jueves ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en una audiencia marcada por tensos intercambios, cuestionamientos legales y una profunda división política en torno a la política migratoria aplicada por la administración del presidente Donald Trump.
Durante varias horas, legisladores demócratas sometieron a la funcionaria a un exhaustivo interrogatorio sobre la aplicación de las leyes de inmigración, con especial énfasis en deportaciones de personas con procesos de asilo en curso y en casos considerados sensibles por su impacto humanitario y legal. Noem defendió la actuación de su departamento, insistiendo en que la inmigración irregular representa un desafío para la seguridad nacional y afirmando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actúa dentro del marco legal vigente.
Sin embargo, la audiencia alcanzó uno de sus momentos más delicados cuando el congresista Seth Magaziner presentó en directo, mediante videollamada, el testimonio de un veterano de guerra deportado a Corea del Sur, contradiciendo declaraciones previas de la secretaria en las que aseguraba que no se habían producido deportaciones de veteranos. El caso expuesto corresponde a un excombatiente condecorado que fue expulsado del país debido a una orden de deportación relacionada con delitos menores cometidos hace más de una década, pese a haber servido durante años en las Fuerzas Armadas estadounidenses.
El episodio generó un visible malestar en la sala y reforzó las críticas de varios legisladores, quienes acusaron al DHS de aplicar una política migratoria excesivamente rígida, sin considerar circunstancias individuales ni principios de proporcionalidad. A ello se sumaron cuestionamientos sobre expulsiones de solicitantes de asilo con trámites activos, una práctica que, según los congresistas críticos, podría vulnerar garantías procesales básicas y resoluciones judiciales recientes.
Noem evitó admitir irregularidades concretas, pero tampoco negó de forma categórica que personas con casos de asilo pendientes hubieran sido deportadas, lo que intensificó el tono de los cuestionamientos. Algunos representantes demócratas señalaron que esta ambigüedad refleja problemas estructurales en la gestión migratoria y exigieron responsabilidades políticas, incluyendo llamados puntuales a su renuncia.
Desde el ala republicana, en contraste, la secretaria recibió respaldo. Varios congresistas elogiaron su postura firme y sostuvieron que su gestión ha sido clave para reforzar el control fronterizo y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Para estos legisladores, las críticas responden más a un desacuerdo ideológico que a fallas administrativas.
La comparecencia se produjo en un clima de alta tensión política, acompañado de protestas en los alrededores del Capitolio, y se inscribe en un debate nacional cada vez más polarizado sobre inmigración, deportaciones y el alcance de las garantías constitucionales para migrantes y solicitantes de asilo. La audiencia dejó en evidencia que la política migratoria seguirá siendo uno de los ejes más controvertidos del panorama político estadounidense en el tramo final de 2025.
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