La reciente venta de una mansión de tres plantas en Marianao por 330.000 dólares ha generado preocupación entre miembros de la Asociación de Cubanos Expropiados, quienes han reiterado que los procesos legales sobre propiedades confiscadas en Cuba continúan activos. Según advierten, cualquier compraventa de propiedades expropiadas realizada bajo el actual régimen cubano carecerá de validez en caso de un cambio de gobierno, como ocurrió en diversos países de Europa del Este tras la caída de sus gobiernos socialistas.
Alberto Frómeta, miembro de dicha asociación, señaló que están lanzando una seria advertencia a los compradores de este tipo de inmuebles, muchos de los cuales residen en Estados Unidos o en terceros países. «Están incurriendo en lo que podría considerarse una compraventa ilegal. Estos compradores deben ser conscientes de que pueden ser demandados si adquieren propiedades que fueron confiscadas a sus legítimos dueños sin compensación justa», aseguró Frómeta.
El caso de la mansión vendida en Marianao es un ejemplo que ha encendido las alarmas. La casa, construida en 1918 por el doctor Francisco de la Caridad Domínguez y Roldán, cuenta con siete habitaciones y seis baños, además de un diseño ecléctico que la convierte en una joya arquitectónica en la capital cubana. Sin embargo, su estatus legal, al igual que muchas otras propiedades confiscadas, es motivo de disputa.
La Asociación de Cubanos Expropiados ha indicado que continuará con acciones legales para frenar este tipo de transacciones, y ha subrayado que, ante un cambio de gobierno en la isla, se buscará la restitución o compensación por las propiedades confiscadas a los cubanos exiliados y sus familias. «Esto no es solo un problema histórico; es un tema de justicia. Estamos preparados para llevar estos casos a tribunales internacionales si es necesario», concluyó Frómeta.
Por su parte, los asesores inmobiliarios en Cuba defienden estas ventas, argumentando que representan una oportunidad para invertir en el país. Sin embargo, las advertencias de la Asociación de Expropiados añaden una capa de incertidumbre legal para los compradores, especialmente aquellos que podrían enfrentar litigios internacionales en el futuro.
