El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta semana la ley HB 905 durante un acto realizado en la Pequeña Habana de Miami, acompañado por miembros de la Brigada 2506 y representantes del exilio cubano. La legislación, conocida como parte del paquete contra la “influencia extranjera”, impone nuevas restricciones a empresas y entidades con vínculos con gobiernos considerados adversarios por el estado de Florida, incluyendo Cuba, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Siria.
La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y contempla medidas que permitirían revocar licencias comerciales o restringir contratos públicos a compañías involucradas en actividades relacionadas con Cuba que violen leyes federales estadounidenses. Además, obliga a determinadas entidades a presentar declaraciones juradas sobre posibles vínculos con gobiernos o estructuras consideradas de preocupación por Florida.
Durante el evento, DeSantis defendió la ley como una herramienta para proteger a Florida de la influencia de gobiernos adversarios y reiteró su respaldo a una “Cuba libre e independiente”. La legislación también incluye disposiciones que permitirían flexibilizar ciertas restricciones hacia Cuba en caso de un eventual cambio político reconocido por Washington.
Sectores del exilio cubano en el sur de Florida celebraron la firma de la HB 905 como una medida de presión económica contra estructuras empresariales vinculadas al aparato estatal cubano, particularmente GAESA. Sin embargo, críticos de la ley han advertido sobre posibles implicaciones económicas y legales para empresas privadas, contratos internacionales y relaciones comerciales en el estado.
La llamada “Foreign Influence Restriction and Enforcement Act” amplía además restricciones relacionadas con convenios educativos, organizaciones benéficas, acuerdos internacionales y programas vinculados a países considerados “de preocupación” por el gobierno estatal de Florida.
El debate sobre Cuba continúa ocupando un lugar central en la política de Florida, especialmente en un contexto marcado por la crisis económica de la isla, el aumento migratorio y las crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.
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