Miles de migrantes en Estados Unidos siguen atentos al 24 de abril de 2026, fecha en la que concluye el período de comentarios públicos sobre una propuesta del DHS y USCIS que busca endurecer las reglas para los permisos de trabajo (EAD) vinculados a solicitudes de asilo. Ese día no entra en vigor ninguna nueva norma, pero sí se cierra una fase decisiva de un plan que, de aprobarse en su forma actual, cambiaría de manera importante los tiempos y condiciones para trabajar legalmente mientras el caso de asilo sigue pendiente.
La propuesta, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional como una notice of proposed rulemaking, plantea extender de 180 a 365 días el plazo de espera para que un solicitante de asilo pueda pedir un permiso de trabajo. Además, propone ampliar de 30 a 180 días el tiempo que tendría USCIS para procesar las solicitudes iniciales de ese documento. Sumados ambos períodos, el proceso podría elevarse a 545 días, es decir, cerca de un año y medio antes de que una persona pueda obtener autorización laboral bajo esta categoría.
El proyecto también contempla una medida especialmente sensible: pausar la aceptación de nuevas solicitudes de EADpara asilados cuando el tiempo promedio de tramitación del asilo afirmativo supere los 180 días. Según el propio texto oficial, USCIS prevé que, si la regla final se aprueba, esa pausa podría activarse tras la primera revisión de 90 días posteriores a su entrada en vigor y podría ser extensa. Esa posibilidad ha encendido alarmas entre abogados migratorios y comunidades de solicitantes que dependen del empleo legal para sostenerse mientras esperan la resolución de sus casos.
Otro de los puntos relevantes es que la iniciativa no se limitaría a nuevos casos. El documento indica que varias de las disposiciones también alcanzarían a renovaciones de permisos bajo la categoría (c)(8) una vez que la norma final entre en vigor. Entre otras cosas, se plantea un mayor escrutinio para quienes hayan abandonado su caso de asilo o no se hayan presentado a entrevistas o citas biométricas, lo que podría cerrar la puerta a nuevas renovaciones del permiso de trabajo.
Sin embargo, el punto central para este 24 de abril es jurídico y administrativo, no inmediato. Lo que termina este jueves es únicamente la ventana para que el público presente observaciones formales ante el gobierno federal. Después de eso, el DHS deberá revisar los comentarios recibidos y decidir si mantiene, modifica o retira la propuesta antes de publicar una regla final. En otras palabras, los permisos actuales no cambian automáticamente este 24 de abril, y cualquier modificación real dependerá de una etapa posterior de regulación.
La administración justifica el cambio como parte de un esfuerzo para reducir solicitudes de asilo frívolas o fraudulentas y reforzar controles de seguridad, integridad del programa y carga operativa de USCIS. Pero, en la práctica, la propuesta amenaza con prolongar aún más la incertidumbre de miles de personas que ya enfrentan largos tiempos de espera dentro del sistema migratorio estadounidense. En un país donde trabajar legalmente suele marcar la diferencia entre estabilidad y precariedad, el debate sobre estos permisos no es técnico: es una disputa directa sobre el costo humano de la política migratoria.
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