El secretario de Estado Marco Rubio afirmó ayer 25 de febrero en la noche que Estados Unidos verificará de manera independiente el tiroteo reportado por Cuba tras la intercepción de una lancha registrada en Florida cerca de Cayo Falcones (Villa Clara). Dijo que DHS, Guardia Costera y la Embajada en La Habana ya investigan el caso.
Rubio explicó ante la prensa que Washington fue notificado por las autoridades cubanas sobre “un incidente” frente a la costa de Cuba y que, desde ese momento, se activó una revisión interagencial para confirmar qué ocurrió, quiénes iban a bordo y si entre los ocupantes había ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que, por ahora, “la mayoría” de los detalles que circulan públicamente provienen de lo que Cuba ha comunicado tanto a su población como al Gobierno de Estados Unidos. En ese sentido, insistió en que su país no tomará decisiones basándose únicamente en la versión cubana y que la prioridad inmediata es obtener acceso a los sobrevivientes y aclarar la custodia de la embarcación.
Según la información compartida por el Gobierno cubano, la embarcación estaba registrada en Florida y fue detectada cerca del canalizo El Pino, en Cayo Falcones. La versión oficial sostiene que hubo un intercambio de disparos durante la intercepción y que el saldo fue de cuatro fallecidos y seis heridos, además de un comandante cubano lesionado. Rubio evitó respaldar o refutar esos elementos y recalcó que su administración “no va a especular” hasta confirmar los hechos.
El secretario también reconoció que es “altamente inusual” que ocurran tiroteos en mar abierto de esta naturaleza y remarcó que se trata de un episodio que no se veía “desde hace mucho tiempo” en el contexto Cuba–Estados Unidos, lo que aumenta la presión pública por respuestas rápidas, especialmente en el sur de Florida.
En paralelo, Rubio se refirió a la política estadounidense sobre combustibles y aclaró que las ventas al sector privado cubano han sido posibles bajo autorizaciones existentes, siempre que no beneficien a estructuras estatales o empresariales controladas por el aparato militar. En su evaluación, el problema central no es la falta de opciones legales, sino el tamaño limitado del sector privado y los obstáculos internos para que crezca con autonomía.
Rubio atribuyó el deterioro económico y la crisis energética de la isla a decisiones del Gobierno cubano y a un modelo que, a su juicio, no logra sostener servicios básicos ni garantizar estabilidad. También advirtió que, si se detecta desvío de combustible hacia entidades restringidas, las licencias o permisos pueden ser cancelados.
Para la comunidad cubana en Miami y el entorno del Estrecho de Florida, el caso reabre un debate sensible: la combinación de crisis interna, salidas irregulares y operaciones marítimas de alto riesgo que históricamente han terminado en tragedias. Mientras Washington promete verificación propia, en Cuba siguen sin publicarse datos verificables sobre las identidades de las víctimas, su nacionalidad o el estado real de los heridos.
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