WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que el presidente Donald Trumpexcedió su autoridad al imponer aranceles generalizados invocando una ley reservada para situaciones de emergencia nacional. En una decisión adoptada por seis votos contra tres, el tribunal concluyó que la aplicación de esa normativa no justificaba la magnitud ni el alcance de las medidas comerciales adoptadas.
El presidente del alto tribunal, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria. A la decisión se sumaron los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, junto con los tres magistrados considerados del ala liberal, conformando una mayoría inusual en un tema de alta sensibilidad política y económica.
El fallo se centra en la interpretación del alcance del estatuto utilizado por la Casa Blanca para sustentar los aranceles, una legislación diseñada para responder a amenazas extraordinarias en contextos de emergencia nacional. Según la mayoría, el Ejecutivo amplió de forma indebida el uso de esa herramienta legal para aplicar tarifas comerciales de amplio espectro, lo que excede los límites previstos por el Congreso.
La decisión representa un revés significativo para la política comercial de la administración Trump, que ha defendido el uso de aranceles como instrumento de presión económica y negociación internacional. Aunque el tribunal no cuestionó la autoridad del presidente en materia de comercio exterior en términos generales, sí estableció límites claros sobre el uso de poderes extraordinarios sin autorización legislativa específica.
Los tres magistrados que votaron en contra sostuvieron que el Ejecutivo posee un margen considerable de discreción en la interpretación de emergencias nacionales vinculadas a la seguridad económica. No obstante, la mayoría del tribunal consideró que aceptar esa interpretación ampliaría peligrosamente el poder presidencial sin control legislativo.
El fallo podría tener repercusiones inmediatas en los mercados y en las negociaciones comerciales en curso, así como en el equilibrio institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Analistas jurídicos señalan que la sentencia reafirma el principio de separación de poderes, especialmente en materia de política económica de alto impacto.
La administración aún puede explorar otras vías legales para sostener medidas comerciales similares, pero la decisión marca un precedente relevante sobre los límites del poder presidencial en contextos no estrictamente vinculados a amenazas inmediatas o bélicas.
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