El congresista cubanoamericano Carlos Giménez confirmó este martes, durante una conferencia de prensa realizada en Florida junto a líderes comunitarios y activistas del exilio, que legisladores estadounidenses han solicitado formalmente al presidente Donald Trump la revocación de las licencias que permiten determinados envíos comerciales y operaciones económicas hacia Cuba.
La iniciativa —respaldada también por otros representantes del sur de Florida— busca revisar y cancelar autorizaciones federales que, según los legisladores, permiten transacciones económicas con entidades vinculadas al Estado cubano y podrían debilitar el alcance de las sanciones vigentes.
Durante el encuentro público, en el que participaron figuras como el recaudador de impuestos de Miami-Dade Dariel Fernández y el líder opositor José Daniel Ferrer, los organizadores insistieron en que el objetivo es incrementar la presión política y económica sobre La Habana, en un contexto marcado por crisis energética, tensiones diplomáticas y endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.
En declaraciones difundidas en redes sociales y medios del exilio, Giménez advirtió que la actual administración estadounidense podría adoptar medidas más severas si persisten las tensiones bilaterales. Estas manifestaciones se suman a posicionamientos recientes del legislador en favor de intensificar las sanciones y reducir los canales económicos que, a su juicio, benefician al aparato estatal cubano.
La carta enviada a las autoridades estadounidenses solicita específicamente revisar todas las licencias activas relacionadas con Cuba, revocar aquellas que beneficien directa o indirectamente a entidades estatales y reforzar el control sobre futuras autorizaciones comerciales.
El debate sobre estas licencias se produce en un momento particularmente sensible para la economía cubana, afectada por la escasez de combustible, la contracción del turismo y las limitaciones financieras internacionales. Analistas consideran que una eventual eliminación total de autorizaciones podría impactar tanto en sectores estatales como en determinados flujos comerciales vinculados a ayuda humanitaria y consumo civil.
Por ahora, la administración estadounidense no ha anunciado decisiones definitivas, aunque la presión política desde sectores del Congreso y del exilio continúa en aumento. El desenlace dependerá de factores geopolíticos, económicos y estratégicos que siguen evolucionando en el escenario bilateral entre Washington y La Habana.
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