Congresistas federales del sur de la Florida y organizaciones del exilio cubano anunciaron que impulsarán formalmente ante el Gobierno de Estados Unidos la cancelación de los vuelos comerciales y la suspensión del envío de remesas hacia Cuba, como parte de una nueva ofensiva política para incrementar la presión económica sobre La Habana.
El planteamiento fue realizado durante una conferencia de prensa en Miami, convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, con la participación de los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, junto a representantes de organizaciones del exilio cubano radicadas en Estados Unidos.
Según lo expuesto en el encuentro, los promotores de la iniciativa consideran que los vuelos regulares entre Estados Unidos y Cuba, así como las remesas enviadas desde territorio estadounidense, continúan sosteniendo financieramente al aparato estatal cubano sin generar mejoras estructurales para la población. En ese contexto, los legisladores indicaron que solicitarán una revisión inmediata de las licencias vigentes, con el objetivo de revertir las autorizaciones actuales.
La eventual cancelación de vuelos afectaría tanto a aerolíneas comerciales como a viajes familiares y humanitarios, mientras que la suspensión de remesas impactaría directamente en una de las principales fuentes de ingreso externo de la isla. Los congresistas señalaron que estas medidas buscan incrementar la presión política y provocar cambios en la relación entre el Estado cubano y la ciudadanía, aunque admitieron que se trata de decisiones con alto costo social y humanitario.
El anuncio se produce en un momento en que Cuba atraviesa una crisis económica profunda, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y deterioro del poder adquisitivo, factores que han incrementado la dependencia de muchas familias de los envíos de dinero desde el exterior y de los viajes de reunificación familiar.
Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que la administración estadounidense haya adoptado o calendarizado estas medidas, y cualquier modificación requeriría decisiones a nivel del Departamento del Tesoro y del Ejecutivo federal. Tampoco se ha emitido una reacción pública desde La Habana tras el anuncio realizado en Miami.
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