WASHINGTON — La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se enfrenta a la crisis más profunda de su mandato mientras una coalición bipartidista, liderada ahora por voces críticas dentro de su propio espectro político, exige su dimisión inmediata. Lo que comenzó como un rechazo de los gobernadores demócratas tras la muerte de un civil a manos de agentes federales en Minneapolis, se ha transformado este lunes en un incendio político que amenaza con paralizar la agenda de seguridad de la administración en el inicio de 2026.
La controversia escaló tras la difusión de versiones contradictorias sobre el tiroteo del joven Alex Pretti. Mientras Noem defendió enérgicamente la actuación de los agentes de ICE, calificando el entorno como un «motín violento», las autoridades locales de Minneapolis y grabaciones de testigos sugieren una realidad distinta, disparando las alarmas sobre la falta de rendición de cuentas de las fuerzas federales desplegadas en misiones de cumplimiento migratorio. Esta disonancia ha llevado incluso a legisladores republicanos moderados a cuestionar la viabilidad de Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), temiendo que el caos operativo erosione el apoyo público a las políticas de control fronterizo.
El desplante no es solo retórico; tiene implicaciones legislativas directas. En el Senado, la oposición ha condicionado la aprobación de paquetes presupuestarios críticos para el DHS a una «limpieza de liderazgo», citando lo que describen como un uso desmedido de la fuerza y una preocupante opacidad informativa. La administración, que hasta hace poco consideraba a Noem un pilar inamovible de su estrategia de «mano dura», se encuentra ahora en la encrucijada de sostener a una secretaria asediada o ceder ante un Congreso que parece haber perdido la paciencia con la gestión de las crisis urbanas.
La salida del USS George Washington de las costas de Florida ya había puesto el foco en la proyección de fuerza del DHS, pero es el conflicto interno en las calles de Minnesota el que parece estar dictando la sentencia política de Noem. Con figuras de alto perfil como el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sumándose al coro que pide su cese, la presión sobre el Despacho Oval es máxima. El destino de la secretaria no solo definirá el futuro inmediato de la seguridad nacional, sino que servirá como termómetro del costo político que el partido en el poder está dispuesto a pagar por mantener su actual hoja de ruta migratoria.
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