Un jurado federal en Fort Lauderdale declaró culpable a Christian Cruz, de 45 años y residente en Pompano Beach, por su participación en un esquema de fraude a Medicare y fraude electrónico que ocasionó pérdidas estimadas en 11,4 millones de dólares al sistema federal de salud.
El veredicto es el resultado de una investigación que documentó un mecanismo sostenido para facturar al programa público por equipos médicos duraderos, principalmente aparatos ortóticos, que no eran médicamente necesarios. Según la fiscalía, estos dispositivos fueron enviados de manera masiva a beneficiarios en distintos estados del país, en numerosos casos sin que los pacientes los hubieran solicitado o sin que existiera indicación clínica válida.
Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que Cruz no actuó como un intermediario menor, sino como operador central del esquema. En su condición de propietario y administrador de una empresa de equipos médicos con sede en Florida, controlaba la logística y la facturación, presentando reclamaciones falsas por millones de dólares ante Medicare. La empresa funcionó como el eje administrativo que permitió transformar el suministro de equipos en un negocio eminentemente financiero, desvinculado de la atención real al paciente.
Las pruebas presentadas indicaron que las órdenes médicas utilizadas para respaldar las reclamaciones fueron obtenidas mediante pagos ilegales y comisiones a profesionales de la salud, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a facturas que no respondían a evaluaciones médicas individualizadas. Aunque las órdenes existían en papel, no reflejaban una necesidad clínica auténtica, lo que configuró una cadena de documentación falsa diseñada para sostener el fraude.
En declaraciones ante el tribunal, el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones subrayó que el fraude en el cuidado de la salud “no es un error administrativo”, sino un delito que afecta directamente a los adultos mayores y erosiona la confianza en el sistema sanitario, destacando además que el acusado contaba con formación en enfermería.
La investigación también reveló que Cruz ocultó deliberadamente la propiedad y el control real de la empresa ante Medicare. De haberse conocido que un delincuente condenado estaba vinculado a la operación, la compañía habría quedado automáticamente excluida del programa. Este ocultamiento permitió que la entidad continuara facturando durante un periodo prolongado sin activar alertas regulatorias inmediatas. Las autoridades indicaron además que un conspirador vinculado al esquema permanece prófugo, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales.
En el plano financiero, los registros bancarios mostraron que el acusado se benefició de manera directa, depositando cientos de miles de dólares en cuentas personales y realizando retiros fraccionados de efectivo por debajo de los umbrales de reporte obligatorio, una práctica conocida como estructuración, utilizada para evadir los controles de las autoridades financieras.
El jurado declaró a Cruz culpable de conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud, fraude electrónico y estructuración de transacciones financieras. En conjunto, estos cargos lo exponen a una pena máxima potencial de hasta 125 años de prisión, además de multas económicas y órdenes de restitución al gobierno federal. La audiencia de sentencia está programada para el 13 de abril, cuando un juez federal evaluará la magnitud del daño, el beneficio económico obtenido y el impacto del esquema sobre el sistema público de salud.
El caso se inscribe en una serie de procesos federales en Florida relacionados con el fraude a Medicare, un fenómeno persistente que genera pérdidas de miles de millones de dólares cada año y desvía recursos destinados a pacientes vulnerables, con un costo directo para los contribuyentes.
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