WASHINGTON.— Una jueza federal ordenó la suspensión temporal del intento del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin a un programa migratorio que otorga estatus legal provisional a cerca de 10.000 migrantes latinoamericanos, al considerar que la medida podría causar un perjuicio inmediato e irreversible a los beneficiarios.
La decisión fue adoptada por la magistrada Indira Talwani, quien emitió una orden de restricción contra la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional. El plan gubernamental buscaba cancelar los programas de reunificación familiar establecidos durante la administración anterior, los cuales permiten a determinados migrantes ingresar legalmente a Estados Unidos y residir de forma temporal mientras se tramitan sus procesos migratorios.
El fallo judicial protege a ciudadanos procedentes de países como Cuba, Haití, Colombia, Ecuador y varias naciones de Centroamérica, quienes cuentan con permisos temporales de residencia y trabajo. La jueza sostuvo que una cancelación abrupta del programa afectaría su estabilidad económica y familiar, además de plantear posibles violaciones al debido proceso.
La orden ofrece un alivio inmediato a miles de familias que dependen de este estatus para mantener empleo y residencia legal en el país, mientras el caso continúa su curso en los tribunales federales. La magistrada dejó claro que la suspensión es provisional y estará vigente hasta que se analice a fondo la legalidad de la medida impulsada por el Ejecutivo.
El gobierno federal conserva la opción de apelar la decisión o presentar nuevos argumentos en las próximas audiencias. El caso se perfila como un precedente relevante en el debate sobre el alcance de las políticas migratorias y el papel del poder judicial como contrapeso frente a decisiones administrativas con alto impacto humano.
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