El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la noche del 6 de enero de 2026 que las autoridades provisionales de Venezuela acordaron entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo crudo de alta calidad al mercado estadounidense.
Trump indicó que este petróleo se venderá a precio de mercado y que los ingresos producto de esas ventas serían controlados directamente por su administración para asegurar que se utilicen en beneficio tanto del pueblo venezolano como del estadounidense. El secretario de Energía, Chris Wright, fue instruido para poner en marcha de inmediato la ejecución del plan, que contempla transportar el crudo en buques de almacenamiento y descargarlo directamente en los muelles autorizados de Estados Unidos.
La medida se produce en un contexto de tensión geopolítica regional y de reconfiguración de los flujos energéticos del Caribe. De acuerdo con la Casa Blanca, el acuerdo representaría un cambio en los flujos tradicionales de exportación venezolana, permitiendo a las refinerías estadounidenses acceso a crudo que estaba en gran medida estancado por la situación política interna de Venezuela. Analistas consideran que el entendimiento podría aliviar presiones sobre el suministro en el Golfo de México y, al mismo tiempo, desbloquear ingresos para la industria venezolana.
El plan introduce un modelo inusual de administración de fondos provenientes de un país extranjero. Trump defendió la iniciativa como un mecanismo de cooperación bilateral que buscaría impulsar la recuperación económica venezolana, favorecer la reorganización de la industria petrolera y contribuir a la seguridad de suministros para Estados Unidos. Sin embargo, expertos advierten que la gestión directa de recursos venezolanos por parte de Washington podría provocar debates sobre soberanía, legalidad e impacto diplomático a mediano y largo plazo.
Las reacciones desde Caracas no han sido difundidas oficialmente y el cronograma logístico específico, incluidas rutas marítimas y mecanismos de auditoría, tampoco fue detallado. Sectores críticos sostienen que el acuerdo podría influir en la estabilidad política venezolana, mientras otros valoran la posibilidad de que estos ingresos permitan mejoras en infraestructura y tecnología energética para el país sudamericano.
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