MAR-A-LAGO, Florida. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su gobierno “manejará” Venezuela de forma provisional hasta que pueda establecerse una transición política “segura, adecuada y juiciosa”, tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro. La declaración, realizada durante una comparecencia ante la prensa en Florida, marca un giro significativo en la postura pública de Washington sobre el futuro inmediato del país sudamericano y abre un escenario cargado de interrogantes políticos, jurídicos y geopolíticos.
Trump evitó detallar los mecanismos concretos mediante los cuales Estados Unidos ejercerá ese rol temporal, pero sostuvo que el objetivo central es impedir un vacío de poder que permita la reorganización de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a redes armadas. Según el mandatario, cualquier esquema de transición deberá garantizar estabilidad, seguridad y condiciones para una posterior normalización institucional, sin precisar plazos ni alcances formales de la intervención anunciada.
Mientras tanto, en Venezuela la situación sobre el terreno continúa siendo altamente tensa. A pesar de la salida de Maduro del escenario político inmediato, figuras centrales del chavismo permanecen activas y buscan proyectar control sobre el aparato estatal. Entre ellas destacan Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, quienes han reaparecido públicamente asegurando que mantienen la cohesión de las instituciones y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En una transmisión reciente, Cabello calificó la operación estadounidense como una acción “terrorista” y llamó a la movilización de las milicias y de los colectivos afines al oficialismo, al tiempo que pidió calma a sus seguidores. Por su parte, Padrino López afirmó que la cadena de mando militar sigue operativa y bajo control interno, un mensaje orientado a transmitir continuidad en medio de la incertidumbre política. Aunque se han reportado ataques contra objetivos estratégicos y bases militares, amplios segmentos de los cuerpos policiales y estructuras territoriales continúan respondiendo a directrices del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que complica cualquier escenario de transición ordenada en el corto plazo.
En el campo opositor, la discusión se centra en la legitimidad del liderazgo que debería encabezar la reconstrucción institucional. La dirigente María Corina Machado ha reiterado que Edmundo González Urrutia debe ser reconocido como presidente legítimo, en línea con el mandato popular que, según la oposición, quedó expresado en las urnas. Este planteamiento introduce un potencial choque de visiones con la postura de la Casa Blanca, que habla de una administración temporal bajo supervisión estadounidense antes de una transferencia plena del poder.
La reacción internacional ha sido prudente y, en algunos casos, dividida. Mientras ciertos gobiernos han expresado satisfacción por el fin del ciclo político asociado a Maduro, otros advierten que un manejo directo de Venezuela por parte de Washington podría generar cuestionamientos sobre la soberanía y afectar la legitimidad de un futuro gobierno democrático. Especialistas en derecho internacional señalan que cualquier esquema provisional requeriría respaldo multilateral y un marco jurídico claro para evitar precedentes controvertidos en la región.
Con el poder fragmentado, la población expectante y las principales instituciones aún disputadas, Venezuela atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Las declaraciones de Trump añaden un nuevo elemento a un panorama ya complejo, en el que el desenlace dependerá tanto de la evolución interna del chavismo como de la capacidad de los actores internacionales y nacionales para articular una salida política que reduzca el riesgo de una escalada de violencia.
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