El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó la revocación de miles de visas a pocos días de la Navidad, en una comunicación divulgada a través de su cuenta oficial en la red social X. La medida se enmarca dentro del cambio de enfoque migratorio del primer año de la administración del presidente Donald Trump, con énfasis en el refuerzo de la seguridad interna y un control más riguroso de la entrada de ciudadanos extranjeros.
Según los datos compartidos por el DHS, dirigido actualmente por Kristi Noem, más de 95.000 visas han sido revocadas en lo que va del presente año. Dentro de ese total, alrededor de 8.000 correspondían a estudiantes internacionales, una cifra que ha generado preocupación en sectores académicos y organizaciones defensoras de la movilidad educativa.
El comunicado, que a su vez incluyó un mensaje de felicitación por la Navidad, forma parte de una serie de acciones que apuntan a la revisión sistemática de autorizaciones otorgadas durante la administración anterior, particularmente aquellas consideradas por el DHS como vulnerables a fraude, abuso o falta de cumplimiento regulatorio. Hasta el momento, no se han detallado los países específicos afectados ni los criterios técnicos aplicados para las cancelaciones.
El sistema migratorio estadounidense organiza las visas en dos categorías principales: no inmigrantes, destinadas a estancias temporales (turismo, negocios, estudios, trabajo temporal, intercambios, atención médica, prensa u otros casos humanitarios), e inmigrantes, orientadas a la obtención de residencia permanente. El proceso de otorgamiento de visas es competencia del Departamento de Estado, a través de consulados y embajadas estadounidenses en el exterior, cuyos funcionarios realizan entrevistas y determinan la aprobación o denegación de solicitudes.
Sin embargo, la entrada al territorio estadounidense no queda completamente garantizada con la posesión de una visa válida. En los puertos de entrada, la decisión final recae en agentes del CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), dependiente del DHS, quienes tienen la autoridad de admitir, retrasar o denegar el acceso.
La política migratoria restrictiva implementada durante este primer año ha provocado un sostenido debate, con defensores que la consideran necesaria para garantizar seguridad nacional y críticos que la describen como una estrategia excesiva con potencial impacto en estudiantes, trabajadores temporales, familias y sectores productivos que dependen del aporte de mano de obra extranjera.
Hasta el momento, no se han anunciado nuevas aclaraciones oficiales sobre los siguientes pasos del programa de revisión, ni se ha informado si habrá rondas adicionales de cancelaciones en los próximos meses.
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