Por Redacción CubaHerald
WASHINGTON D.C. – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó planes para una fase de expansión significativa en sus operativos de control migratorio durante 2026, lo que supone un incremento sustancial en los niveles de vigilancia y detenciones dentro del territorio estadounidense. La medida se enmarca en un contexto nacional donde la inmigración continúa siendo uno de los temas más polarizantes a nivel político y social.
El aumento de presupuestos federales destinados al control migratorio y fronterizo ha sido interpretado como una señal inequívoca de que el gobierno busca reforzar su presencia en zonas urbanas y espacios laborales, modificando así el enfoque que predominó en administraciones anteriores.
La estrategia incluye la reintroducción de operativos masivos en lugares de trabajo, controles coordinados en centros urbanos y mayor cooperación con agencias policiales estatales y municipales. Dentro de ese marco operativo, fuentes cercanas al Departamento de Seguridad Nacional señalan que los arrestos ya no se limitarían a personas con antecedentes penales, sino que podrían extenderse a cualquier persona sin estatus migratorio regular, bajo un esquema descrito como política de “cero tolerancia” en el interior del país.
Paralelamente, documentos internos revelan que ICE evalúa la creación o ampliación de macro-centros de detenciónen estados como Texas, Arizona, Luisiana y Florida, con capacidad estimada para hasta 80.000 personas detenidas simultáneamente, incluyendo instalaciones industriales reconvertidas para acelerar deportaciones mediante procesos administrativos exprés.
Algunos sectores de la sociedad civil han advertido que los operativos podrían intensificarse coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en Norteamérica, donde el elevado despliegue de seguridad en las ciudades sedes podría generar un escenario propicio para verificaciones migratorias masivas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos expresan inquietud ante un posible clima de temor generalizado en comunidades inmigrantes.
En respuesta, gobiernos locales como el de California han anunciado el fortalecimiento de leyes orientadas a la protección de familias y menores, destacando la entrada en vigor de nuevas normativas –entre ellas la AB 495– que limitarían la colaboración de instituciones públicas con agentes migratorios, resguardando datos personales y evitando la separación de menores cuando uno o ambos padres sean detenidos.
Expertos legales consultados recomiendan a familias inmigrantes adoptar medidas de preparación preventiva, entre ellas mantener documentos esenciales organizados, conocer el derecho a guardar silencio, exigir una orden judicial firmada por un juez antes de permitir el ingreso a una vivienda y discutir con anticipación qué adulto asumirá la custodia de menores en caso de una detención.
El impacto de estas políticas en la vida cotidiana de millones de personas migrantes será objeto de amplio seguimiento durante 2026, mientras comunidades, gobiernos estatales y organizaciones sociales se preparan para una etapa marcada por un refuerzo migratorio de mayor escala.
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