La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió mantener el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, una medida impulsada por el presidente Donald Trump en el marco de operativos migratorios en el estado de Illinois. El máximo tribunal consideró que el gobierno federal no aportó una base legal suficiente para justificar el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna sin el consentimiento de las autoridades estatales.
La decisión respalda fallos previos de instancias inferiores que concluyeron que no existía una rebelión, ni tampoco una incapacidad demostrada de las autoridades locales para mantener el orden público, requisitos clave contemplados por la legislación federal para habilitar una intervención de este tipo. En ese sentido, la Corte reafirmó los límites constitucionales al empleo de la Guardia Nacional en funciones civiles cuando no media una emergencia claramente definida.
El dictamen no fue unánime. Tres jueces presentaron votos disidentes, argumentando que el Ejecutivo federal debía contar con mayor margen de acción para proteger a funcionarios y agencias federales en contextos de tensión vinculados a la aplicación de las leyes migratorias. Para los magistrados disidentes, la prevención de posibles riesgos operativos justificaría una lectura más amplia de las facultades presidenciales.
La resolución fue celebrada por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien sostuvo que el fallo preserva el equilibrio entre los poderes federal y estatal y evita la normalización del uso de fuerzas militares en labores policiales locales. Desde el gobierno estatal se insistió en que la seguridad pública en Chicago y otras ciudades de Illinois continúa bajo control de las autoridades civiles.
Más allá del caso concreto, el pronunciamiento de la Corte reaviva el debate nacional sobre el alcance del poder presidencial en materia de seguridad interna y migración. La decisión establece un precedente relevante al subrayar que el despliegue de la Guardia Nacional en un estado no puede basarse únicamente en criterios políticos o administrativos, sino en circunstancias excepcionales claramente acreditadas por la ley.
El fallo no cierra definitivamente la discusión. Por el contrario, deja abierta la puerta a futuras controversias judiciales sobre cuándo y cómo el gobierno federal puede recurrir a fuerzas militares en el territorio de los estados, un tema sensible en un contexto de polarización política y tensiones persistentes en torno a la política migratoria de Estados Unidos.
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