Un grupo de más de 125 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitó formalmente a la administración del presidente Donald Trump que retire una propuesta normativa que podría ampliar los criterios para negar la residencia permanente (green card) a personas que hayan utilizado determinados programas de asistencia pública.
La iniciativa, impulsada por el Department of Homeland Security (DHS), plantea eliminar la definición vigente de “carga pública”, restablecida en 2022 durante la administración de Joe Biden, que limitaba ese concepto a personas consideradas “principalmente dependientes” del Estado, especialmente quienes recibían asistencia monetaria directa o cuidados institucionales financiados por el gobierno.
Según los legisladores demócratas, la nueva propuesta abriría la puerta a que los funcionarios de inmigración consideren una gama más amplia de factores —incluido el uso previo de beneficios no monetarios como Medicaid o cupones de alimentos— al evaluar solicitudes de residencia permanente.
En comentarios enviados al DHS, los congresistas advirtieron que la eliminación de criterios claros generaría incertidumbre inmediata y generalizada, además de otorgar una discrecionalidad excesiva a los oficiales de inmigración. A su juicio, esto podría derivar en decisiones arbitrarias y en la penalización retroactiva de personas que, en su momento, accedieron legalmente a programas sociales sin consecuencias migratorias.
El representante Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, señaló que la propuesta podría disuadir a familias inmigrantes de buscar atención médica, asistencia alimentaria o apoyo educativo para sus hijos, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. En su opinión, el impacto recaería especialmente en comunidades vulnerables y menores de edad.
Otro grupo de legisladores demócratas, encabezados por el congresista Jamie Raskin y el senador Dick Durbin, recordó que desde que el concepto de “carga pública” fue incorporado a la legislación migratoria en el siglo XIX, su interpretación se ha basado en la dependencia primaria y sostenida del Estado, no en el uso puntual de ayudas sociales.
La preocupación central expresada por los demócratas es que, de aprobarse la propuesta, se produzca un “efecto disuasorio masivo”, alejando a familias elegibles de servicios esenciales por temor a afectar su estatus migratorio. Además, subrayan que grupos históricamente protegidos por la ley —como refugiados, sobrevivientes de violencia doméstica o trata, y menores en situación de abandono— podrían verse atrapados en un marco normativo cambiante y poco predecible.
Desde el DHS, la propuesta se presenta como un intento de dar mayor flexibilidad a los oficiales para evaluar el riesgo de que un solicitante se convierta en una carga para el Estado, argumentando que la regla vigente limita esa evaluación. Sin embargo, el debate vuelve a poner en primer plano una de las áreas más sensibles de la política migratoria estadounidense: el equilibrio entre control migratorio, criterios económicos y protección social.
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