Washington / Miami — La revelación de que cientos de abogados de inmigración habrían sido incluidos en una lista de vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado preocupación entre activistas cívicos y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. La información apunta a que la lista contiene mayoritariamente nombres de abogados hispanos, asiáticos y afroamericanos, incluidos profesionales reconocidos en el sur de Florida.
Entre los mencionados figura el abogado Willy Allen, con amplia trayectoria en Miami, quien afirmó no haber recibido confirmación oficial sobre su inclusión. No obstante, fuentes con acceso al listado sostienen que su nombre aparece registrado. Allen declaró a medios especializados que, de ser cierto, no le sorprende en el actual clima político. A su juicio, la medida se inscribe en una narrativa oficial que presenta a los abogados de inmigración como responsables del fraude migratorio, colocándolos en una posición de confrontación directa con el Ejecutivo.
El trasfondo de la controversia remite a un memorando de la Casa Blanca emitido en marzo, titulado Prevención de abusos del sistema legal y los tribunales federales. El documento acusa a ciertos abogados y bufetes de conductas “sin escrúpulos” y ordena a la Secretaría de Justicia evaluar acciones contra quienes interpongan reclamaciones y demandas contra el gobierno federal en materia migratoria. Además, instruye a agencias federales a solicitar sanciones y medidas disciplinarias contra profesionales que impugnen políticas gubernamentales.
Defensores de los inmigrantes advierten que la elaboración de listas de vigilancia con abogados podría tener un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la defensa legal y el acceso a la justicia, particularmente para comunidades vulnerables. Señalan que la abogacía migratoria cumple un rol esencial en el debido proceso y que vigilar o estigmatizar a quienes representan a migrantes podría erosionar garantías constitucionales.
Hasta el momento, ICE no ha confirmado públicamente la existencia ni los criterios de dicha lista, ni ha precisado si se trata de un mecanismo operativo, de inteligencia o de seguimiento administrativo. La falta de transparencia ha alimentado las críticas y las demandas de aclaración por parte de colegios de abogados y organizaciones de derechos civiles, que reclaman explicaciones formales sobre el alcance y la legalidad de la medida.
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