Washington, Estados Unidos — El Departamento de Justicia (DOJ) se encuentra en la fase final de preparación para la publicación de un amplio conjunto de documentos relacionados con los casos de Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, en cumplimiento de una nueva ley federal que exige mayor transparencia sobre uno de los escándalos criminales más sensibles de las últimas décadas. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuánta información será realmente accesible al público.
La divulgación responde a la Epstein Files Transparency Act, aprobada el mes pasado por el Congreso, que obliga al gobierno a hacer públicos, en un plazo de 30 días, todos los materiales no clasificados en poder del Estado vinculados a las investigaciones por tráfico sexual. El plazo vence este viernes, aunque la propia ley permite al DOJ retener o censurar partes sustanciales de los documentos.
Entre las excepciones previstas se incluyen referencias que puedan identificar a víctimas, información que comprometa investigaciones o litigios en curso, datos protegidos por privilegios legales, así como material cuya publicación pueda afectar intereses de seguridad nacional o política exterior. Funcionarios familiarizados con el proceso señalan que estas cláusulas podrían reducir de manera significativa el alcance de lo que finalmente se haga público.
Según fuentes cercanas al proceso, el paquete inicial podría incluir cientos de miles de páginas, recopiladas a partir de múltiples agencias federales, entre ellas el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La revisión ha involucrado también a la División de Seguridad Nacional, que continúa recibiendo archivos, lo que abre la posibilidad de nuevas divulgaciones posteriores al vencimiento del plazo legal.
La fiscal general Pam Bondi enfrenta una fuerte presión política y social para cumplir con la ley. Defensores de las víctimas y legisladores de ambos partidos han advertido que el incumplimiento podría acarrear consecuencias legales y políticas. Desde el Senado, líderes demócratas han exigido que no se utilicen de forma abusiva las excepciones legales para “ocultar la verdad”.
En paralelo, algunos congresistas republicanos que impulsaron la ley han elevado las expectativas sobre el contenido de los archivos. El representante Thomas Massie afirmó que la ausencia de nuevos nombres relevantes en la divulgación sería una señal de que no se han entregado todos los documentos, cuestionando declaraciones previas del propio DOJ, que había señalado no encontrar elementos suficientes para nuevas imputaciones.
El tema ha generado tensiones internas dentro del Partido Republicano y un debate público prolongado. Aunque el presidente Donald Trump, quien en el pasado mantuvo vínculos sociales con Epstein, ha restado importancia al impacto de los archivos, una parte de su base política considera que el caso simboliza fallas profundas de transparencia y rendición de cuentas en las élites de poder.
La publicación prevista para este viernes marca un punto clave en un proceso seguido con atención tanto por el Congreso como por la opinión pública internacional. No obstante, el uso extensivo de tachaduras y omisiones podría reavivar las críticas y prolongar un debate que, años después de la muerte de Epstein, sigue abierto y cargado de desconfianza.
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