Miami, Florida – 5 de diciembre de 2025 – Estados Unidos atraviesa un momento delicado marcado por el recrudecimiento de episodios de discriminación y perfilamiento racial dirigidos contra la comunidad latina. Organizaciones de derechos civiles alertan de una tendencia al alza en comportamientos hostiles que, lejos de ser aislados, evidencian una fractura social cada vez más profunda en un país que continúa definiéndose por su diversidad.
En los últimos días, dos incidentes con amplia repercusión pública han reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los hispanos frente a agresiones motivadas por prejuicios raciales.
El primero ocurrió en una iglesia de Atlanta, Georgia, donde María González, residente legal en Estados Unidos desde hace una década, fue increpada durante un servicio religioso por el pastor Reginald Hayes. Según grabaciones difundidas en redes sociales, el líder religioso amenazó con llamar a inmigración si González “no hablaba inglés como Dios manda”. La mujer abandonó el lugar entre lágrimas, denunciando que fue objeto de humillación en un espacio destinado a la contención espiritual.
El caso ha despertado críticas de organizaciones afroamericanas y latinoamericanas, que consideran el comentario del pastor un ejemplo de cómo los prejuicios pueden surgir incluso dentro de comunidades históricamente afectadas por la discriminación. Hayes defendió su postura mediante un comunicado en el que atribuyó el episodio a un supuesto llamado al “orden interno”, valoración que fue rechazada por colectivos de derechos civiles, quienes calificaron sus expresiones como divisivas y dañinas. La fiscalía estatal evalúa si las declaraciones constituyen acoso.
El segundo episodio tuvo lugar en los Cayos de Florida. Karla Ramírez, empresaria de origen cubano nacida en Miami, fue detenida por agentes federales mientras caminaba por Key West, pese a identificarse como ciudadana estadounidense. Ramírez denunció haber sido esposada y retenida durante horas bajo la presunción de ser indocumentada únicamente por hablar español durante una llamada telefónica. Los videos grabados por testigos muestran la insistencia de los agentes pese a que la mujer presentó su pasaporte y certificado de nacimiento. La afectada anunció una demanda por discriminación contra el Departamento de Seguridad Nacional.
De acuerdo con documentación preliminar revisada por la ACLU, al menos 15 casos similares de detenciones basadas en “apariencia latina” han sido reportados en Florida desde noviembre, coincidiendo con el endurecimiento de los protocolos migratorios. Colectivos de derechos humanos señalan un repunte en el perfilamiento racial, especialmente en zonas con presencia elevada de hispanos.
Estos hechos se suman a recientes ataques contra negocios de propietarios latinos en Texas y California, así como a un incremento del 25% en denuncias vinculadas a discursos de odio dirigidos a esta comunidad, según datos del Southern Poverty Law Center. Dirigentes sociales y activistas como Dolores Huerta han llamado a articular una respuesta coordinada, destacando que la discriminación, lejos de limitarse a un grupo concreto, afecta a todas las minorías cuando se normaliza la intolerancia.
Mientras avanza un debate legislativo sobre una nueva reforma migratoria, representantes del Congreso advierten que la tensión social exige un abordaje firme que garantice la igualdad de derechos y la protección de las minorías. Con un 19% de la población nacional identificándose como latina, según cifras del Censo, diversos sectores consideran crucial reforzar políticas de integración y mecanismos de denuncia para evitar una escalada de abusos.
Por ahora, comunidades de distintos estados organizan vigilias, foros comunitarios y campañas digitales destinadas a visibilizar el impacto del racismo cotidiano. La pregunta que queda abierta es si esta sucesión de incidentes marcará un punto de inflexión en la política migratoria y en la relación del país con sus minorías, o si se trata del preludio de episodios aún más polarizados.
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