La Comisión del condado Miami-Dade aprobó este martes una resolución que restablece plenamente la autoridad de la Oficina de la Supervisora de Elecciones para gestionar solicitudes de referendos revocatorios. La medida, adoptada sin discusión, elimina barreras administrativas que durante casi un año habían retrasado este tipo de procesos debido a un vacío de competencias.
La Supervisora de Elecciones, Alina García, explicó a Telemundo 51 que los requisitos del procedimiento no cambian: las solicitudes deben iniciarse ante el Secretario de Cortes y, una vez aprobadas, quienes las promuevan disponen de 120 días para reunir las firmas necesarias distribuidas proporcionalmente por todo el condado, sin que más del 25% proceda de un mismo distrito.
El número de firmas exigidas corresponde al 4% de los votantes registrados al momento de aprobarse la solicitud. Con más de 1.2 millones de electores en Miami-Dade, serían necesarios 51,032 respaldos válidos para activar un referéndum revocatorio.
Voces a favor del revocatorio
A la reunión asistieron ciudadanos que expresan su intención de activar este mecanismo. Entre ellos, Isel Rodríguez, quien cuestionó la gestión económica del condado y abogó por la posibilidad de someter a votación la continuidad del mandato de la alcaldesa Daniella Levine Cava.
Respuesta del entorno de la alcaldesa
La alcaldesa Daniella Levine Cava declinó hacer comentarios. Sin embargo, su asesor político Christian Ulvert calificó estos esfuerzos como una maniobra política liderada por “un candidato perpetuo fracasado”, señalando que Levine Cava continúa siendo “la líder electa más popular del sur de Florida”, según encuestas internas.
Una resolución que despeja el camino, pero sin procesos activos
De acuerdo con la Oficina de la Supervisora de Elecciones, la alcaldesa firmó una exención de veto, permitiendo que la regulación entre en vigor inmediatamente.
Hasta el cierre de este informe, no existe una solicitud formal para iniciar un referéndum revocatorio contra Levine Cava. Sin embargo, la aprobación de esta resolución allana el terreno para que futuros grupos ciudadanos, activistas o figuras públicas puedan presentar sus peticiones sin los retrasos administrativos que habían generado cuestionamientos en el último año.
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