El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de controversia al afirmar que, si tuviera la potestad legal, revocaría la ciudadanía a determinados ciudadanos naturalizados, especialmente a quienes califica como “criminales”. Las declaraciones, recogidas por ABC News, profundizan la línea dura que su administración mantiene desde su retorno al poder y han generado un fuerte debate entre expertos constitucionales, legisladores y organizaciones de derechos civiles.
Durante un intercambio con periodistas, Trump reconoció no estar seguro de que la Constitución le permita retirar la ciudadanía sin un proceso judicial, pero insistió en que, de poder hacerlo, actuaría sin titubeos. «Lo haría absolutamente», aseguró, señalando directamente a personas que, según él, obtuvieron la naturalización bajo la administración Biden sin los controles adecuados. En este marco, volvió además a emplear una retórica despectiva hacia comunidades inmigrantes, particularmente ciudadanos estadounidenses de origen somalí, a quienes criticó mediante generalizaciones que han sido ampliamente cuestionadas por expertos y defensores de derechos civiles.
El discurso presidencial ocurre mientras la Casa Blanca evalúa una revisión profunda de los procesos migratorios, con la posible ampliación de verificaciones, restricciones a programas humanitarios y eventuales revisiones a historiales de naturalización. Estas señales han aumentado la ansiedad entre comunidades inmigrantes ante lo que interpretan como un intento de presentar la ciudadanía como un estatus “condicional”.
No obstante, la Constitución de Estados Unidos impone límites claros. La Decimocuarta Enmienda garantiza que ninguna persona nacida o naturalizada en el país puede perder su ciudadanía de forma arbitraria. La única vía legal para anularla es demostrar fraude en el proceso de naturalización, lo que requiere un juicio completo y la intervención de un tribunal federal. Expertos en derecho constitucional sostienen que cualquier intento del Ejecutivo de proceder unilateralmente chocaría con décadas de jurisprudencia y provocaría una ola de litigios de altísimo impacto.
Actualmente, más de 23 millones de ciudadanos naturalizados residen en Estados Unidos. Aunque no existe —por ahora— ninguna política concreta que busque revocar ciudadanías, organizaciones como la ACLU advierten que este tipo de declaraciones refuerza la percepción de que el estatus de ciudadano pudiera ser cuestionado por motivos políticos, afectando directamente la estabilidad emocional y social de millones de personas.
En paralelo a esta escalada retórica, la administración anunció que Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, viajará a Moscú para explorar posibles vías de negociación entre Rusia y Ucrania. Este movimiento diplomático, de enorme relevancia geopolítica, quedó prácticamente eclipsado por el debate migratorio, evidenciando el nivel de tensión interna que generan las políticas del Ejecutivo.
Las reacciones en el Congreso han sido inmediatas: sectores republicanos respaldaron al presidente, mientras que los demócratas denunciaron un “ataque frontal” a los principios constitucionales y a los derechos civiles. Analistas consideran que Trump busca consolidar a su base electoral con un mensaje de firmeza frente a la inmigración, un eje central de su agenda.
En una nación profundamente polarizada, estas declaraciones reafirman la estrategia de la administración: combinar posturas migratorias de máxima dureza con movimientos diplomáticos de alto nivel en el escenario internacional. Aunque la ley impide, por ahora, cualquier intento de desnaturalización discrecional, la retórica tiene un impacto real: alimenta el debate, profundiza divisiones y cuestiona pilares fundamentales del sistema migratorio estadounidense.
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