El presidente Donald Trump ha intensificado de manera notable su agenda migratoria tras el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en las cercanías de la Casa Blanca, un incidente que ha provocado la puesta en marcha de una investigación federal interinstitucional y ha reforzado el discurso de seguridad nacional de la actual administración.
En un mensaje dirigido al país desde su residencia de Mar-a-Lago durante el Día de Acción de Gracias, el mandatario presentó el hecho como evidencia de que Estados Unidos continúa expuesto a la entrada de migrantes “sin verificar” y “no deseados”, expresiones que han generado un fuerte impacto político y mediático. Trump afirmó que su prioridad inmediata es “detener permanentemente la inmigración” procedente de países del Tercer Mundo, una tesis que ya formaba parte central de su plataforma electoral.
El presunto autor del ataque, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que llegó al país en 2021 bajo la llamada “Operación Bienvenidos Aliados”, había solicitado asilo en 2024, beneficio que le fue concedido por el propio Gobierno de Trump en abril de 2025. Antes de emigrar, Lakanwal colaboró con fuerzas estadounidenses, incluida la CIA, y según altos funcionarios citados por CNN, no presentaba antecedentes negativos previos a su ingreso.
El ataque, en el que uno de los soldados falleció, ha sido utilizado por la administración para justificar una revisión profunda del sistema migratorio. Poco después del incidente, el presidente culpó a su predecesor por haber permitido la entrada del afgano y ordenó un reevaluación exhaustiva de las green cards emitidas a ciudadanos de 19 países incluidos en una proclamación presidencial previa, entre ellos Afganistán, Irán, Haití, Cuba y Venezuela.
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, confirmó que, siguiendo las directrices presidenciales, los oficiales migratorios podrán considerar “factores específicos de cada país” como elementos negativos de peso en los procesos migratorios. También anunció la suspensión temporal de decisiones de asilo, bajo el argumento de garantizar revisiones más rigurosas en todos los casos pendientes.
La administración ha complementado estas acciones con redadas del ICE en ciudades como Chicago y Los Ángeles, la paralización del programa de refugiados y nuevas directrices para limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a beneficios tributarios federales, según informó el secretario del Tesoro Scott Bessent.
Mientras tanto, el Departamento de Estado suspendió la emisión de visas para titulares de pasaportes afganos, en un contexto de creciente preocupación por la retórica dirigida hacia esa comunidad. Organizaciones humanitarias advirtieron que estas medidas podrían estigmatizar a más de 190.000 afganos reasentados en el país desde 2021.
El debate ha alcanzado un nivel especialmente tenso tras declaraciones de Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump. Miller afirmó que “importar migrantes es importar sociedades”, una expresión que generó fuertes críticas por su carácter generalizador hacia comunidades enteras.
Pese a las controversias, los aliados políticos del mandatario han respaldado sus decisiones. Voceros de grupos conservadores describieron las medidas como “políticamente populares” y coherentes con las promesas realizadas durante la campaña presidencial.
Los procesos de revisión migratoria continúan en desarrollo, mientras aumentan las interrogantes sobre el alcance real de estas políticas y su impacto en cientos de miles de solicitantes de asilo y residentes permanentes legales que ahora están bajo escrutinio adicional.
Con información de CNN
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