Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron recientemente a Bruna Caroline Ferreira, ciudadana brasileña vinculada de manera indirecta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Según confirmaron fuentes cercanas al caso y el propio hermano de la funcionaria, Michael Leavitt, Ferreira es la madre del sobrino de la portavoz presidencial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la catalogó como una “extranjera ilegal criminal”, alegando que permaneció en el país tras el vencimiento de su visa de turista B2 en 1999 y mencionando un supuesto arresto previo por agresión. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, donde enfrenta un proceso de deportación en el marco de las políticas migratorias reforzadas por la administración Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem. “Todas las personas presentes ilegalmente en los Estados Unidos están sujetas a deportación”, señaló un portavoz oficial.
No obstante, la defensa de Ferreira rechaza de forma contundente esa caracterización. Su abogado, Todd Pomerleau, afirmó a medios locales que su clienta no posee antecedentes penales y exigió que el gobierno presente pruebas que respalden sus afirmaciones. Aseguró además que Ferreira ingresó legalmente al país, obtuvo estatus de DACA y actualmente se encuentra en un proceso avanzado para obtener la residencia permanente. Según su versión, el arresto ocurrió en Massachusetts, sin orden judicial, cuando Ferreira conducía su vehículo. Ahora deberá enfrentar la audiencia migratoria en Luisiana, lejos de su hogar y de su círculo de apoyo.
El caso ha generado eco político debido al vínculo familiar con la vocera presidencial, aunque el hermano de Leavitt insistió en que Ferreira no mantiene relación con su hijo desde hace años y que el menor, de 11 años, ha vivido siempre bajo su cuidado en New Hampshire. La Casa Blanca ha evitado pronunciarse sobre el asunto.
De forma paralela, una campaña de recaudación lanzada presuntamente por la hermana de Ferreira sostiene que ella llegó al país siendo una niña en 1998. En su mensaje, Graziela Dos Santos Rodrigues describe a Bruna como una mujer trabajadora, solidaria y conocida por ofrecer ayuda cuando alguien la necesita.
El caso presenta dos narrativas totalmente opuestas: por un lado, la versión del gobierno federal, que la señala como inmigrante con historial criminal y décadas de irregularidad migratoria; y por el otro, la defensa, que la retrata como una madre trabajadora con trayectoria legal en Estados Unidos y pendiente de una residencia permanente.
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