Washington — El Gobierno de Estados Unidos comunicó oficialmente al Congreso que el país se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, grupos que la actual administración ha catalogado como organizaciones terroristas. La notificación, enviada por el Departamento de Defensa, sostiene que estos grupos poseen una estructura armada, capacidad financiera y métodos de operación que los equiparan a actores paramilitares transnacionales.
El documento detalla que el presidente Donald Trump autorizó operaciones militares en el Caribe bajo la premisa de que los narcotraficantes son “combatientes ilegales”. En ese marco, las fuerzas estadounidenses atacaron el pasado 15 de septiembre una lancha que presuntamente transportaba narcóticos y miembros de una organización criminal señalada por Washington. Según fuentes oficiales, en el último mes se han producido al menos tres acciones de este tipo, con un saldo de 17 personas fallecidas.
Trump también declaró en su red social Truth Social que en otro operativo se abatió a tres supuestos “narcoterroristas” a bordo de una embarcación. Aunque la notificación no identifica a las organizaciones específicas, el presidente mencionó que los primeros ataques tuvieron como blanco a presuntos contrabandistas vinculados al grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
Durante una sesión informativa a legisladores, funcionarios del Pentágono explicaron la justificación legal de las operaciones, señalando que los cárteles implicados representan una amenaza continua a la seguridad de EE.UU. La notificación subraya que sus acciones constituyen un “ataque armado” contra el país, lo que faculta al Ejecutivo a usar la fuerza militar bajo el Artículo II de la Constitución.
La medida ha generado debate en el Congreso. El senador demócrata Jack Reed, miembro de la Comisión de Servicios Armados, cuestionó la falta de transparencia y de evidencia concreta que respalde la decisión. “Los cárteles son criminales y deben ser enfrentados, pero el presidente ha optado por clasificarlos como enemigos armados sin un marco legal claro ni autorización del Congreso”, advirtió.
Al describir los operativos como parte de un conflicto armado prolongado, la administración marca un giro en la estrategia contra el narcotráfico, alejándose de un enfoque policial y judicial hacia una lógica de acciones militares directas. Analistas coinciden en que esta postura podría abrir un precedente sobre el tratamiento de actores criminales internacionales bajo la categoría de grupos beligerantes, con consecuencias tanto legales como diplomáticas.
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