En el 119º periodo legislativo del Congreso de Estados Unidos se han introducido varias propuestas de ley vinculadas a Cuba, que abarcan temas de sanciones económicas, cooperación científica, telecomunicaciones y relaciones comerciales.
Una de las iniciativas más destacadas es el proyecto de ley FORCE, que plantea mantener a Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo hasta que se cumplan determinadas condiciones estipuladas en el documento. Esta medida tiene implicaciones directas en áreas financieras, comerciales y diplomáticas.
En el ámbito económico, también se ha presentado el proyecto H.R.5342, que amplía la posibilidad de interponer demandas bajo la Ley Helms-Burton, eliminando el límite temporal de dos años actualmente vigente. Esta propuesta podría tener efectos sobre compañías extranjeras con intereses en la isla.
Dentro del Senado, el Stopping Adversary Tariff Evasion Act (S.172) introduce la categorización de Cuba como “Estado adversario extranjero”, lo que serviría de marco para nuevas restricciones en comercio e inversiones. A su vez, el proyecto S.488 plantea sanciones a personas y entidades que realicen transacciones relacionadas con Cuba, en función de supuestos casos de derechos humanos y corrupción.
En materia tecnológica, el SECURE American Telecommunications Act (H.R.3479) busca prohibir licencias para la instalación de cables submarinos en zonas vinculadas a países considerados adversarios. Por otra parte, el ACRE Act (S.838) establece restricciones a la concesión de préstamos a dichos Estados.
El ámbito científico también se ve reflejado en varias de las propuestas, al incluir cláusulas que limitarían la cooperación entre instituciones de ambos países, lo que afectaría a proyectos conjuntos en desarrollo, como el ensayo clínico del medicamento cubano Heberprot-P en Estados Unidos.
De manera adicional, el presupuesto federal para el periodo en curso contempla 75 millones de dólares destinados a programas relacionados con Cuba, lo que representa un incremento respecto al año anterior.
Todas estas iniciativas se enmarcan en el contexto del Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional No. 5, reactivado en 2025, que mantiene restricciones en sectores turísticos, financieros y diplomáticos. El futuro de estas medidas dependerá de los debates y votaciones posteriores dentro del Congreso.
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