La política de armas en Florida sufrió un giro sin precedentes luego de que una corte de apelaciones declarara inconstitucional la prohibición del porte abierto vigente desde 1987. La decisión, adoptada el pasado 10 de septiembre por la Primera Corte de Apelaciones del Distrito, entró en vigor de manera inmediata en todo el estado.
El origen del caso
El fallo se derivó del caso McDaniels vs. State, iniciado tras la detención de Stanley McDaniels en Pensacola en 2022, cuando portaba visiblemente un arma durante las celebraciones del 4 de julio. La jueza Stephanie Ray, al leer la sentencia, sostuvo que la restricción estatal “no puede reconciliarse con la Segunda Enmienda” y que no existe “tradición histórica” que la respalde.
Aplicación y requisitos
Tras la resolución, el fiscal general James Uthmeier instruyó a las fuerzas del orden a abstenerse de arrestar o procesar a ciudadanos que porten armas de fuego de manera visible, siempre que cumplan los requisitos legales: ser mayores de 21 años, no tener antecedentes penales descalificantes y demostrar competencia mental. La medida sitúa a Florida entre los últimos estados en adoptar esta práctica.
No obstante, la normativa mantiene restricciones en espacios considerados sensibles, como instituciones gubernamentales, tribunales, centros de votación, escuelas y universidades, prisiones, aeropuertos y eventos deportivos. Su incumplimiento puede derivar en sanciones de hasta cinco años de prisión. Además, los dueños de negocios privados conservan el derecho de prohibir el acceso con armas a sus establecimientos.
Debate político
La decisión judicial desató reacciones encontradas. La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, calificó el fallo como un “error” que podría comprometer la seguridad pública. En la misma línea, el senador estatal Carlos Guillermo Smith advirtió que la combinación de porte abierto y ausencia de permisos obligatorios representa un “doble golpe” para la seguridad ciudadana.
En contraste, el gobernador Ron DeSantis celebró la resolución y aseguró que la interpretación literal de la Segunda Enmienda respalda la decisión judicial. Según afirmó, la sentencia “alinea la política estatal con una posición que he defendido durante años”.
Este cambio marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el derecho a portar armas en público, con Florida como epicentro de una discusión que sigue dividiendo a la opinión pública.
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