El Primer Circuito de Apelaciones autorizó a la administración del presidente Donald Trump a continuar con la eliminación del programa de parole humanitario, mecanismo que había permitido el ingreso de cientos de miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a Estados Unidos desde 2023.
La decisión judicial anula un fallo anterior emitido por una jueza federal en Boston, que había bloqueado la medida al considerar que el Gobierno no había seguido los procedimientos legales adecuados. Con este nuevo dictamen, el tribunal determinó que el Ejecutivo sí tiene potestad para poner fin al programa, dado que se trata de una herramienta discrecional de política migratoria.
El cambio implica que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrá suspender tanto los permisos de permanencia temporal como las autorizaciones laborales otorgadas a través del parole. De acuerdo con cifras oficiales, más de 532,000 personas resultarán afectadas, en su mayoría familias que habían encontrado en esta vía una opción legal y segura para establecerse en territorio estadounidense.
El programa fue diseñado por el expresidente Joe Biden con el objetivo de frenar los cruces irregulares en la frontera y ofrecer una alternativa controlada para quienes contaran con un patrocinador en Estados Unidos y superaran las verificaciones de seguridad.
El fallo representa un giro significativo en la política migratoria estadounidense y tendrá repercusiones directas en comunidades de gran peso, como la diáspora cubana en Florida y los miles de venezolanos asentados en distintas ciudades. Mientras los defensores de la medida celebran la decisión como un avance hacia un mayor control en la frontera, diversos grupos de derechos humanos y organizaciones de inmigrantes alertan que el fin del programa puede agravar la crisis humanitaria en los países de origen y fragmentar a familias que habían iniciado su proceso de integración en EE.UU.
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