La jueza federal Paula Xinis, del distrito de Maryland, emitió una orden que frena, por el momento, la deportación del inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García a Uganda, mientras se celebra una audiencia probatoria prevista para esta misma semana.
El caso de Ábrego ha generado una amplia controversia, al convertirse en uno de los símbolos de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. El salvadoreño, que fue deportado en marzo a su país de origen por lo que el propio gobierno calificó como un “error administrativo”, fue posteriormente devuelto a Estados Unidos en junio. Sin embargo, enfrenta ahora un proceso judicial en Tennessee bajo cargos federales de tráfico de personas, que él niega, y un nuevo intento de expulsión a un tercer país.
La jueza Xinis consideró que deportarlo a Uganda supondría una vulneración de sus derechos, al no existir garantías de protección ni posibilidad de refugio en ese país, donde Ábrego no tiene vínculos de ningún tipo ni habla el idioma. Además, subrayó que debe respetarse la obligación de ofrecerle la opción de escoger el país al que podría ser enviado.
Para asegurar que pueda ejercer plenamente su defensa, Xinis ordenó que Ábrego permanezca recluido en un centro de detención cercano a la corte, resaltando que la asistencia legal próxima es “fundamental” en un caso donde se discuten derechos constitucionales básicos.
El fallo llega tras la sorpresiva detención de Ábrego por parte de agentes del ICE el mismo lunes, cuando acudió a una cita programada en Baltimore como parte de sus condiciones de libertad. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que el arresto buscaba castigar a su cliente y confirmó que ya fue presentada una demanda urgente para impedir cualquier deportación inmediata.
El gobierno de Trump le había ofrecido un acuerdo de culpabilidad: declararse culpable de los cargos de contrabando, cumplir condena y luego ser enviado a Costa Rica bajo un estatus más seguro. Ábrego rechazó el trato, y como respuesta, el Departamento de Justicia impulsó su deportación a Uganda, un país señalado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.
De ser hallado culpable en su juicio en Tennessee, Ábrego podría enfrentar hasta 10 años de prisión federal. Sus abogados insisten en que es inocente, que huyó de la violencia de pandillas en El Salvador a los 16 años y que ahora enfrenta un proceso marcado por irregularidades y presiones políticas.
El caso se ha transformado en un campo de batalla sobre la política migratoria del actual gobierno, cuestionada por sus deportaciones aceleradas, redadas del ICE y uso de terceros países como destino de expulsión. Por ahora, la orden de la jueza representa un respiro para Ábrego y su familia, aunque su futuro sigue pendiendo de un fallo judicial definitivo.
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