Miami — Un juez federal en Miami emitió este lunes una decisión dividida respecto a la demanda presentada por organizaciones de derechos civiles contra el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida.
En un fallo de 47 páginas, el magistrado Rodolfo Ruiz desestimó parte de las reclamaciones iniciales, entre ellas la que denunciaba que los detenidos carecían de acceso confidencial a sus abogados y a audiencias en tribunales de inmigración. El juez argumentó que esa situación cambió cuando la administración del presidente Donald Trump designó al Centro de Procesamiento Krome North, en las afueras de Miami, como sede oficial para la tramitación de los casos de quienes permanecen en esta instalación.
El caso, que fue presentado en julio, se traslada ahora al Distrito Central de Florida, donde se abordarán los señalamientos restantes relacionados con presuntas violaciones a la Primera Enmienda.
Argumentos en disputa
Los demandantes habían solicitado una orden judicial preliminar para asegurar que los inmigrantes pudieran comunicarse con sus abogados de forma privada y tener acceso a vistas de fianza. Aunque se han realizado videoconferencias, denunciaron que estas no eran confidenciales porque el personal del centro podía escuchar las conversaciones.
El gobierno federal y el estado de Florida respondieron que la jurisdicción correcta no era Miami-Dade, ya que la instalación se encuentra en el condado vecino de Collier, perteneciente al distrito central. Ruiz reconoció estas dudas y aceptó la moción de traslado.
Contexto más amplio
El centro, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz” por su ubicación aislada en medio de los Everglades, ha estado en el centro de la polémica desde que recibió a los primeros detenidos. El 7 de agosto, la jueza federal Kathleen Williams ordenó una pausa de 14 días a las obras de expansión de la instalación mientras evaluaba una demanda paralela presentada por grupos ambientalistas y la comunidad indígena miccosukee, quienes denuncian incumplimiento de leyes ambientales federales.
Williams aún debe pronunciarse sobre si la jurisdicción en ese caso corresponde también al Distrito Central de Florida.
El proceso refleja una compleja batalla judicial en la que confluyen derechos humanos, normativas migratorias y protección ambiental, factores que mantienen bajo la lupa pública el polémico centro de detención.
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